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En abril de 2003, el Congreso de la Unión aprobó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (APF). Después de varias décadas en las que la discusión se centró en el “por qué” establecer un servicio civil y la ley ahora obliga a discutir el “cómo” implantar exitosamente esa importante reforma administrativa. Y es que en innumerables ocasiones, las reformas institucionales fracasan porque los altos mandos de la organización no creen en un proyecto, no comparten las propuestas o, simplemente, no están interesados en cierto tema. Dicho desinterés se traduce en falta de recursos presupuestales, materiales, humanos e incluso de tiempo, que condicionan radicalmente el éxito de los nuevos proyectos institucionales.

Aún cuando la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la A.P.F. obliga a las Secretarías de Estado del Gobierno Federal a implantar esquemas internos de profesionalización, puede afirmarse que el primer paso para construir eficazmente un servicio civil es lograr que las más altas autoridades de toda institución estén completamente convencidas de la necesidad del mismo.

Para lograr eso, los responsables del proyecto necesitan argumentar y persuadir a otros actores internos, con evidencias históricas y reales, a favor de los beneficios organizacionales reales que la creación de un servicio civil traerá consigo: continuidad en los programas y las políticas, mayor profesionalismo en el desempeño de los funcionarios, aumento del prestigio externo, estabilidad laboral, etcétera.

La creación de un servicio civil o profesional es una tarea bastante compleja que puede dificultarse aún más si se percibe tan sólo como otra obligación del calendario de actividades. Además, las fases posteriores de implantación y gestión cotidiana, así como la consolidación del servicio civil, requerirán de un apoyo constante y decidido por parte de las autoridades institucionales.

Por ello, el punto más adecuado para iniciar la construcción de un servicio civil, o por lo menos el más práctico, es conseguir que en el "mercado" diario de los problemas y soluciones institucionales, se asegure el apoyo y compromiso duraderos de los directivos hacia el futuro servicio civil de la institución.

Una vez alcanzado el compromiso sincero de las autoridades superiores de la institución, el segundo paso a seguir es el de formar un equipo o grupo de trabajo base, encargado de conducir buena parte del proceso de construcción del servicio civil.

Asesores externos
Por supuesto, si las condiciones organizacionales de personal, tiempo, conocimientos o espacio físico son muy limitadas, lo más adecuado quizás sea allegarse tempranamente el apoyo de un grupo de asesores externos. La principal desventaja de esto es, obviamente, que los costos del proyecto (económicos y de coordinación) aumentarán, además de que será necesario reforzar las posteriores tareas de difusión interna para evitar que el servicio civil se perciba como algo ajeno o impuesto a la organización.

Sin embargo, la ventaja de contar con un grupo de asesores externos es que la organización puede así dedicarse normalmente a sus funciones y actividades cotidianas. En cualquier caso, es importante subrayar que la sustitución de un grupo interno por uno de asesoría externa de ninguna manera deberá restar importancia al proyecto, ni tampoco provocar que las autoridades superiores o el área responsable del proyecto disminuyan su compromiso con la creación del servicio civil.

El análisis interno debe enfocarse, inicialmente, a por lo menos tres ámbitos organizacionales. En primer lugar, el grupo base tendrá que revisar el marco normativo de la institución, para conocer con claridad cuáles son las restricciones legales que enfrentarán los cambios a realizarse, pero también cuáles serán las repercusiones jurídicas de estos mismos cambios. La revisión es muy importante también pues se podrían requerir algunos ajustes legales que estén fuera del alcance de la institución y que, obviamente, aumentarán el tiempo del proyecto.

Ahora bien, el análisis normativo no deberá limitarse a verificar la viabilidad jurídica del servicio civil con relación a las leyes y/o reglamentos más generales, pues a fin de cuentas la nueva ley federal establece condiciones legales propicias para este tipo de reformas.

Por el contrario, el análisis normativo deberá comprender los manuales, acuerdos, lineamientos y demás normas internas que eventualmente necesitarán modificarse o suprimirse.

En segundo lugar, el grupo interno deberá revisar las condiciones presupuestales de la organización para determinar la viabilidad económica del proyecto. Aun cuando este punto podría resultar obvio, es importante destacarlo ya que el éxito del servicio civil dependerá de que existan los recursos económicos necesarios para llevarlo a buen puerto.

Tres vertientes
Si bien es cierto que las condiciones económicas no pueden garantizarse a futuro, el grupo interno sí podrá trabajar en por lo menos tres vertientes: a) revisando la factibilidad presupuestal del proyecto en el corto plazo; b) proponiendo y/o negociando recursos para el mediano plazo (es decir el comienzo de la implementación del servicio civil); y c) realizando algunas proyecciones y diagnósticos para conocer las probables limitaciones económicas de mediano y largo plazos, que tendrán una repercusión directa en el diseño y gestión del servicio civil.

En tercer lugar, el equipo base deberá revisar simultáneamente las funciones de la organización y su plantilla de puestos. Este punto es de enorme importancia, pues permitirá al grupo de trabajo conocer a detalle cuáles son las características principales de la organización. El análisis de las funciones y los puestos permitirá obtener información útil acerca de los perfiles necesarios para las distintas áreas del servicio (algo indispensable para construir el sistema de ingreso), así como para determinar las posibles líneas de ascenso que habrán de seguir los funcionarios en su Carrera dentro del servicio civil.

La siguiente etapa será integrar un análisis de las opiniones (mitos, aspiraciones, miedos, etcétera) del personal de la organización en torno a la construcción del servicio civil. Si bien esta etapa podría realizarse al mismo tiempo que la anterior, resulta útil describirla aparte por la importancia que tendrá para la viabilidad política del proyecto. Se trata, en última instancia, de un diagnóstico que permitirá informar tanto al grupo encargado del proyecto, como a las autoridades superiores, acerca de los puntos más delicados para conducir las negociaciones internas y la difusión posterior del nuevo servicio civil.

No está de más resaltar la importancia que tiene revisar la forma en que otras organizaciones regulan sus servicios civiles, atendiendo especialmente al diseño básico del Estatuto, Ley o Reglamento principal. El objetivo de esta revisión será conocer qué ámbitos se cubren con las legislaciones particulares, qué tanto se desagregan los diferentes elementos del servicio civil, qué orden se sigue en el articulado, etcétera.

Asimismo, al análisis legal comparado es importante porque podrá evitarse que el Estatuto o Ley por diseñar presente imprecisiones o inconsistencias que otros estatutos o leyes contienen. Si bien la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la A.P.F. establece una serie de criterios específicos que deben ser respetados, el análisis comparado de otras legislaciones puede resultar un excelente complemento al momento de implantar en cada dependencia el servicio civil.

Por: Mauricio I. Dussauge Laguna/ Tecnología y Gobierno