I.           Crisis de Gobierno

En las elecciones presidenciales de 1990, el ingeniero agrónomo descendiente de japoneses, Alberto Fujimori, derrotó al novelista Mario Vargas Llosa, candidato de la coalición derechista Frente Democrático (FREDEMO). Fujimori, que contó en la segunda vuelta con el voto del APRA y de algunos sectores de izquierda, impuso un programa de austeridad dirigido a detener la hiperinflación y a restaurar la confianza internacional para la concesión de créditos a su país. Las dificultades económicas provocaron una escalada de la actividad violenta de Sendero Luminoso, grupo terrorista de orientación maoísta que en la década de 1980 había hecho casi ingobernables grandes zonas del país, y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), grupo de orientación castrista.

A.        Autogolpe de Estado

En abril de 1992 Fujimori, mediante un ‘autogolpe’, suspendió algunos artículos de la Constitución y se hizo con el pleno control del gobierno ante la protesta general de la opinión pública internacional, alegando que el Congreso y el poder judicial bloqueaban sus esfuerzos para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. En septiembre fueron capturados varios dirigentes destacados de Sendero Luminoso (entre ellos su fundador y principal ideólogo Abimael Guzmán) y en noviembre los seguidores de Fujimori lograron una amplia mayoría en las elecciones legislativas. En 1993 Estados Unidos y otros países acreedores reanudaron la concesión de créditos a Perú. El 31 de octubre de ese año los peruanos aprobaron mediante referéndum (52,9% de los votos a favor, frente a un 47,1% en contra) una nueva Constitución que otorgaba mayor poder al presidente, reformaba el poder legislativo y permitía a Fujimori volver a presentarse en abril de 1995 a las elecciones presidenciales, que de nuevo ganó de forma abrumadora, derrotando a Javier Pérez de Cuéllar, antiguo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, gracias al apoyo brindado por amplios sectores de la población y de las Fuerzas Armadas tras su victoria militar sobre Ecuador en la denominada ‘guerra del Cóndor’. (Véase más abajo la sección Conflicto territorial).

De esta forma, el presidente fue capaz de continuar con su acción de gobierno, ya desarrollada durante su primer mandato: en lo económico, política de privatizaciones y liberalizaciones de las empresas peruanas (particularmente las compañías financieras e industriales y los yacimientos petrolíferos), y ajuste financiero de acuerdo a las directrices del Fondo Monetario Internacional con el fin de detener la imparable deuda externa; en lo social, y fruto de la política neoliberal puesta en marcha, un creciente descontento popular ante la privatización de los servicios públicos; en lo político, desarrollo de una dura legislación que restringía algunos de los derechos y libertades fundamentales con la finalidad de liquidar la espiral de atentados terroristas.

Las protestas sociales ante el empeoramiento de la situación económica se generalizaron en el periodo comprendido entre 1997 y 1999, a la vez que se sucedían los gabinetes, de carácter eminentemente tecnocrático, mediante los cuales Fujimori intentaba restablecer la estabilidad política, rota tras su enfrentamiento con el jefe de las Fuerzas Armadas, general Nicolás de Bari Hermoza, al que destituyó en agosto de 1998. El cese representó la ruptura con una parte de la oficialidad, así como de la clase política, que había respaldado al presidente en 1992, cuando llevó a cabo el 'autogolpe' que puso fin a la democracia parlamentaria en Perú.

Tras el golpe de Estado de abril de 1992 se anularon algunos puntos de la Constitución democrática de 1979 y el Congreso Nacional, formado por un Senado y una Cámara de Diputados, fue disuelto. La nueva Constitución del 31 de octubre de 1993, ratificada por medio de referéndum, estableció un sistema legislativo unicameral, denominado Congreso, integrado por 120 miembros, en sustitución del Congreso Nacional.

B.        Fujimori aspira a un tercer mandato

El presidente de Perú, Alberto Fujimori, anunció el 27 de diciembre de 1999 que volverá a presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 9 abril de 2000, con el objetivo, según él, de consolidar las reformas económicas emprendidas en sus dos anteriores mandatos. La Constitución peruana de 1993 prohíbe al presidente presentarse a un tercer mandato, pero el Jurado Nacional de Elecciones rechazó el 31 de diciembre todas las apelaciones que había presentado la oposición para demostrar la inconstitucionalidad de las aspiraciones de Fujimori, arguyendo que en realidad será su segundo mandato constitucional tras la aprobación de aquella ley magna.[1]

El 9 de abril, tuvieron lugar las elecciones presidenciales y legislativas en Perú, en un proceso marcado desde el principio por las numerosas irregularidades y por la sospecha de fraude. Durante la dura campaña electoral, el aspirante oficialista, Alberto Fujimori, cuya candidatura había sido tachada de inconstitucional por toda la oposición política (para más información, véase el artículo de enero "Perú: Fujimori aspira a un tercer mandato"), no dudó en utilizar descaradamente a los medios de comunicación en su favor y en desprestigiar a sus rivales.

Según los datos oficiales proporcionados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el actual presidente, Alberto Fujimori, obtuvo el 49,9% de los votos, mientras que su principal rival, Alejandro Toledo, que al inicio de la campaña era prácticamente un desconocido, consiguió el apoyo del 40,2% del electorado. Ninguno de los dos candidatos logró superar el 50% de los votos, por lo que tendrán que hacer frente a una segunda vuelta electoral. Para el Congreso de la República, la formación encabezada por Fujimori, Perú 2000, obtuvo el 42,2% de los votos, frente al 23,3% de Perú Posible de Alejandro Toledo.

La sombra de pucherazo planeó durante el lentísimo proceso de recuento de los votos, que en una primera fase señalaba una victoria suficiente de Fujimori para hacerse con la reelección presidencial sin necesidad de segunda vuelta. Aunque el recuento final confirmó que habría segunda vuelta, los datos oficiales no lograron convencer a la oposición política. A pesar del numeroso despliegue de observadores nacionales y extranjeros, las organizaciones encargadas de velar por la limpieza de las elecciones, como Transparencia, el Consejo por la Paz y la Organización de Estados Americanos (OEA), no avalaron los resultados oficiales y señalaron numerosas irregularidades en el cómputo de votos.[2]

C.        Fujimori se autoproclama vencedor en las elecciones

El candidato del opositor Perú Posible, Alejandro Toledo, decidió no presentarse a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y así se lo comunicó oficialmente el 22 de mayo, a seis días de la celebración de los comicios, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según él, no se daban las condiciones necesarias para garantizar la transparencia del proceso. La Organización de Estados Americanos (OEA) y los demás organismos internacionales de observación presentes en el país anunciaron su retirada ante la imposibilidad de avalar los resultados. Tanto Toledo como las misiones de observadores extranjeros pidieron reiteradamente el aplazamiento de las elecciones para el 18 de junio. Pero el JNE decidió mantener la convocatoria de la segunda vuelta para el 28 de mayo. Toledo llamó a la población a la abstención o a votar nulo (en Perú el voto es obligatorio y no acudir a las urnas está penado con una multa).

El candidato único, el presidente Alberto Fujimori, se autoproclamó finalmente vencedor de las elecciones presidenciales. Logró, según los datos oficiales, el 74,77% de los votos válidos, Toledo obtuvo el 25,23%, los votos nulos significaron el 30,86%, los votos en blanco el 4,8% y el 18% del electorado se abstuvo.

Fujimori se dispone por tanto a enfrentar un tercer mandato en medio de un clima de descontento en su país y del cuestionamiento dentro y fuera de Perú de la legitimidad de su gobierno.[3]

D.        Perú: gobierno y oposición abren una vía al diálogo

El 21 de agosto de 2000, miembros del gobierno de Perú y representantes de las fuerzas políticas de oposición iniciaron un diálogo auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y encaminado a favorecer la democratización del país. La reunión tuvo lugar bajo la coordinación del jefe de la misión de la OEA en Perú, Eduardo Latorre.

De las primeras reuniones resultó, en primer lugar, la ratificación de los 29 puntos que habían sido propuestos por la OEA para que Perú emprenda una auténtica democratización. Dichos puntos deberán aplicarse en un plazo de dos años y engloban cinco grandes áreas: reforma de la administración de justicia, fortalecimiento del Estado de derecho y separación de poderes, reforma del sistema electoral, libertad de expresión, fiscalización y equilibrio de poderes, y reforma de las Fuerzas Armadas.[4]

E.        Perú: Fujimori convoca elecciones y anuncia su retirada

El 17 de septiembre de 2000, el presidente de Perú, Alberto Fujimori, anunció su intención de convocar nuevas elecciones generales, en las que él no participará, y desmantelar el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Esta declaración se produjo dos días después de que se difundiera a través de los medios de comunicación del país un vídeo que mostraba a Vladimiro Montesinos, el controvertido colaborador personal del presidente y responsable del SIN, en el momento en que sobornaba mediante el pago de 15.000 dólares estadounidenses a un diputado opositor. Con esta suma Montesinos compraba el paso del mencionado diputado a las filas de Perú 2000, coalición liderada por Fujimori, facilitando con ello la mayoría absoluta de esta formación en el Congreso.

Montesinos permaneció en paradero desconocido hasta que el 24 de septiembre el gobierno de Panamá anunció que se encontraba en su territorio. La huida de Montesinos fue presentada por Fujimori como una dimisión, que fue aceptada públicamente el 25 de septiembre.

Según la información facilitada por el ministro de Justicia peruano, Alberto Bustamante, las elecciones se celebrarán en marzo de 2000, lo que significa que Fujimori permanecerá en el poder hasta julio de 2001, fecha en que debería tener lugar la investidura del presidente electo.

Como consecuencia de esta crisis política, siete diputados abandonaron las filas de Perú 2000 y Fujimori perdió la mayoría absoluta en el Congreso.[5]

F.         Perú: sublevación de una unidad militar al sur del país

El 17 de octubre, la oposición al presidente peruano, Alberto Fujimori, llamó a los ciudadanos a la movilización, ante los nulos avances logrados en el camino hacia la celebración de unas elecciones libres. El mes anterior, Fujimori había anunciado la convocatoria de nuevos comicios, así como su intención de desmantelar el Servicio de Inteligencia Nacional, a cargo de su controvertido ex asesor, Vladimiro Montesinos.

El 21 de octubre, el ministro de Justicia, Alberto Bustamante, confirmó que el gobierno peruano condicionaba la celebración de las mencionadas elecciones a la aceptación, por parte de la oposición, de una amnistía general para los militares y policías implicados en delitos de narcotráfico y violaciones de los derechos humanos. Finalmente, gobierno y oposición acordaron fijar como fecha para los comicios el 8 de abril de 2001.

El 24 de octubre, se abrió una nueva crisis cuando el ex asesor presidencial y responsable de los servicios secretos peruanos, Vladimiro Montesinos, abandonó su exilio en Panamá y regresó a su país. El 25 de octubre, Fujimori ordenó su detención, después de acuartelar al Ejército y a la Policía, y puso en marcha una operación militar que él mismo dirigió. A finales de mes, Montesinos continuaba en paradero desconocido: su captura no es una tarea fácil, puesto que el ex responsable del SIN cuenta con el apoyo de la mayoría de la cúpula del Ejército.

El 28 de octubre, Fujimori destituyó a cuatro generales adeptos a Montesinos. Al día siguiente, una unidad militar del sur de Perú, a las órdenes del teniente coronel Ollanta Moisés Humala, de la localidad de Toquepala, en el departamento de Tacna, se levantó en armas contra Fujimori, exigiendo su dimisión inmediata así como la captura de Vladimiro Montesinos.[6]