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La Ley del Impuesto sobre la Renta
prevé gravar las prestaciones sociales de los trabajadores para el 2006..
Duro golpe a la economía de los trabajadores
GABINO JIMÉNEZ VELASCO*
Según cálculos de las principales centrales obreras,
como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC), el Congreso del Trabajo (CT), la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), sindicatos independientes, legisladores de todos
los sectores y representantes empresariales: Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación (Canacintra) y Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
unos 15 millones de trabajadores verán reducidos sus ingresos reales entre 301
y 40% al entrar en vigor en enero del 2006 las reformas aprobadas a la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (LISR) que gravarán las prestaciones contenidas en los
contratos colectivos de trabajo.
En noviembre del 2004 se reformó el artículo 34 de la LISR para que a
partir del 1º de enero del 2006 se graven las prestaciones de los trabajadores
hasta hoy exentas. Ante la afectación tan grave los sindicatos contemplan
realizar movilizaciones masivas para protestar contra esta reforma; asimismo,
amparos y negociaciones parlamentarias para que en el próximo período de
sesiones de la Cámara de Diputados se presente una iniciativa de ley que ponga a
salvo las prestaciones de los trabajadores y evitar que se aplique este artículo
en contra de sus representados.
La medida gravará con impuestos el “salario bruto”, es decir, el total de
ingresos, incluyendo prestaciones como: fondos de ahorro, ayuda para despensa,
subsidio por enfermedad o incapacidad, apoyo para útiles escolares, ayuda por
nacimiento de hijos, primas por seguro de vida, servicio de comedor, ayuda de
renta y de transporte, pensiones y jubilaciones, ayuda de juguetes, becas,
aguinaldo, prima vacacional, tiempo extra, prima dominical, etc. Es decir, a
partir del 2006 se gravarán con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) prestaciones
actualmente exentas.
Las reformas a la LISR fueron publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 1º de diciembre de 2004; también proponen, para las personas
físicas, reducir la tasa de 32 a 30% en el 2005, a 29% en el 2006 y a 28% en el
2007.
Dentro de los sindicatos independientes y de las centrales de los
trabajadores existe malestar, ya que la reforma a la LISR fue aprobada sin que
los diputados, principalmente los de representación del sector obrero, se dieran
cuenta de la gravedad de lo que en ese momento aprobaban.
El origen de esta medida viene de la iniciativa presidencial que fue
presentada por el presidente Vicente Fox en la Ley del Ingresos parael 2005, la
que en principio fue rechazada por la mayoría de los diputados; sin embargo, con
algunas modificaciones hechas en la Cámara de Senadores, fue aprobada sin darle
importancia, ya que se encontraban negociando el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el 2005, como lo declaró el diputado federal Miguel Alonso Raya,
presidente de la Comisión de Seguridad Social: “Como estaba la tensión del
problema del PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación), no le dimos
importancia a las modificaciones que se hicieron, y si bien votamos en lo
particular en contra de los artículos que fueron modificados, lo cierto es que
votamos en favor de la iniciativa del ISR, y entre el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) votaron juntos los
artículos que hizo el Senado. Eso quedó aprobado desde noviembre''.2
Por su parte, la UNT difundió un estudio en el que señala que con la
modificación los trabajadores que ganan entre 6 y 30 salarios mínimos pagarán
una tasa única de 25%, diferente al que actualmente pagan, según sus ingresos,
que son del 3, 10 o 17 por ciento.
Por su parte, más de 400 mil burócratas vieron incrementadas sus
percepciones, con retroactividad al 1º de enero, en un 4.7%, además de un pago
por apoyo a capacitación de 350 pesos mensuales, a quienes el Gobierno sí
apoyará sin gravarles sus prestaciones.
En conferencia de prensa, el líder de la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, y el jefe de la Unidad
de Política y Control Presupuestal de Hacienda, Guillermo Bernal, informaron que
el Gobierno Federal absorberá el pago de impuestos derivados de prestaciones, a
fin de que el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado no se vea
quebrantado.
Por su parte, el CT señala que no obstante que en dicha reforma los
trabajadores con ingresos menores a 10 salarios mínimos no se verán afectados,
además de que recibirán un “subsidio de nivelación” de empleo, para su
otorgamiento el trabajador debe cumplir con algunos requisitos, como el que haya
laborado en el mes de diciembre de 2005, no cambie de empleo y la empresa no
cambie de razón social, entre otros.
Actualmente los trabajadores que ganan hasta tres salarios mínimos no
pagan impuesto, y con la nueva propuesta se exentará hasta los que perciban
hasta 6 mil 333.33 pesos; sin embargo, al sumar las prestaciones económicas,
sociales, de previsión y de seguridad social, resulta que los trabajadores con
ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos deberán pagar impuesto.
Por ello se ha dado una coincidencia entre partidos políticos y líderes
sindicales de distinta tendencia, mismos que acordaron presentar una iniciativa
de ley para regresar la LISR al estatus de este año y que no se graven las
prestaciones. Dicha iniciativa propone reformar los artículos 31, 32, 113, 116,
117, 118, 172, 173 y 177, y adiciones a los artículos 114, 115 y 178.
La exposición de motivos señala que el Gobierno no sólo pretende tasar
todas las prestaciones de los trabajadores, sino inclusive crear un nuevo
gravamen denominado impuesto cedular, con el cual los estados de la
República tienen la opción de que el impuesto sobre nóminas lo paguen los
trabajadores y no las empresas.3
Por su parte, el PAN, por medio del presidente de la Comisión de Hacienda
del Senado de la República, el panista Fauzi Hamdan, señaló que intervendrán
para que no se grave a los trabajadores, pero sólo a los que tengan ingresos
medios, además de rechazar que la reforma que aprobaron el pasado diciembre los
lesione y expresó “extrañeza” ante la actitud de la CTM y otras organizaciones
sindicales, porque, sostuvo, la reforma en materia impositiva que ahora se
cuestiona contó con el aval de los legisladores del sector obrero;4
incluso señaló que Joel Ayala, secretario general de la FSTSE y otros líderes
sindicales participaron en las negociaciones en las que se acordó la
modificación que hoy combaten, además de indicar que las reformas lo único que
hacen es eliminar subsidios porque no son equitativos.
En cuanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ésta señala que
las nuevas disposiciones fiscales violan los artículos 123 de la Constitución y
97 de la Ley Federal del Trabajo (LFT); además resalta que un obrero con salario
mínimo pueda estar sujeto a una retención de 25% del total de sus ingresos, si
éste elige la opción que llegara a ser menos favorable, lo cual es contrario a
lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción VIII, que
señala que el “salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o
descuento”; además violenta el artículo 97 de la LFT, que especifica que estas
percepciones no podrán ser objeto de ninguna reducción.5
Por lo pronto y mientras llega el momento de defender la iniciativa de
ley para echar atrás la reforma, los diputados del sector obrero han logrado
ponerse de acuerdo en el sentido de “impedir a toda costa la nulificación por la
vía fiscal de las conquistas logradas en los pasados 40 años”.6
Es importante resaltar que esta pretensión de gravar las prestaciones de
los trabajadores ya la intentaron las autoridades hacendarias en años
anteriores; a manera de ejemplo, están los trabajadores bancarios que, en 1995,
por la vía de la modificación del artículo 78-A de la LISR, se les obligaba a
pagar impuesto de sus prestaciones pues las consideraban como ingresos por
servicios; en este caso, mientras la ley era modificada a más de dos años de
entrar en vigor, se interpusieron amparos los que se ganaron en su totalidad por
ser una medida injusta e inequitativa. También los patrones apoyaron con
subsidios a los trabajadores e incluso no aplicaron la ley para no afectarlos.
Finalmente el artículo 78-A fue derogado y con ello subsanado el problema, que
hoy, vía otro mecanismo, pero con idéntico fin, pretenden accionar en contra de
los trabajadores.
Los resultados de estudios de los diferentes sectores, todos ellos
afectados con esta medida hacendaria, coinciden en señalar que al gravar las
prestaciones de los trabajadores hasta hoy exentas se verán las siguientes
consecuencias:
- Se afectará drásticamente los ingresos reales de los asalariados.
- Caerá más el nivel de vida de los trabajadores y afectará el poder
adquisitivo de sus salarios.
- Se lesionarán todos los contratos colectivos de trabajo al quitarles a
los sindicatos su mejor arma de negociación que son las prestaciones.
- Se frenará la contratación de personal, por el costo impositivo.
- Se ampliará la brecha en la distribución de la riqueza.
- Habrá mayor desigualdad, ya que los trabajadores de ingresos medios
pagarán más impuestos.
- Repercutirá en los costos administrativos de las empresas.
- Se profundizará la desigualdad fiscal, ya que los trabajadores que
tienen ingresos medios pagarán más impuestos que los altos funcionarios de
los sectores privado y público, porque para ellos la tasa del ISR descenderá
de 33 a 25 por ciento.
- Gravar las prestaciones de previsión social –hasta ahora exentas–
significará elevar los costos para las empresas, inhibirá la creación de
empleo y finalmente afectará la productividad.
- Al acumular la totalidad de prestaciones que percibe el trabajador como
si fueran ingresos, se afectan derechos sociales y se incrementarán los
salarios integrados, base de cotización del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los
Trabajadores (INFONAVIT) y Ahorro para el Retiro, “con un consecuente
desequilibrio económico en la estructura laboral”.
- Es una medida inequitativa, ya que, a la par que eleva los impuestos
para los trabajadores, se reduce en 15% este gravamen para las empresas.
- Representa un “sacrificio fiscal” al que serán sometidos los
trabajadores; se calcula que a partir del 2006 el ISR será de más de 20 mil
millones de pesos, lo que significará un impacto brutal para los asalariados
medios.
- Significará encarecer la contratación colectiva, desestimar los empleos
formales y, por ende, fomentar la economía informal.
- Se agravarían aún más la desigualdad social y la concentración de la
riqueza, por lo que se pondría en riesgo la paz laboral y la estabilidad
nacional.
- Aumento en el costo de cada empleo creado.
- Disminución de la productividad de los trabajadores al despojarlos de
incentivos.
- Se prevé el cierre de empresas en el sector formal de la economía.
- Será el fin de la paz social al endurecer las negociaciones salariales y
contractuales.
- Se impactarán de manera negativa los índices inflacionarios.
Es por lo anterior que los trabajadores debemos continuar en la lucha
por conseguir se respeten las conquistas laborales ganadas a base de
sacrificios, e incluso de vidas, durante décadas.
El sistema neoliberal que nos gobierna, empeñado en reducir a los
trabajadores a su mínima expresión, los sitúa en el penoso papel de luchar para
conservar sus prestaciones ganadas con anterioridad, en lugar de conseguir
salarios dignos y mejores condiciones de vida y de trabajo.
De ahí la importancia de participar en lo individual y colectivo para
forjar un proyecto alternativo de nación del pueblo y para el pueblo.
Tomado de:
http://www.uom.edu.mx/trabajadores/49isr.htm
........................................
* Reportero de la UOM.
Notas
1 La Jornada, 2 junio, 2005.
2 Garduño, Roberto, “Ofrecen PRI, PRD y PT corregir reformas al ISR”,
La Jornada, 16 junio, 2005.
3 Patricia Muñoz y Roberto Garduño, “PRI, PRD y PT intentarán echar
atrás reforma al ISR que grava prestaciones”, La Jornada, 6 julio,
2005.
4 Andrea Becerril, “Prestaciones de trabajadores de ingresos medios
no serán gravados, ofrece Hamdan”, La Jornada, 8 de julio, 2005.
5 Patricia Muñoz Ríos, “Anticonstitucional la reforma a la Ley del
ISR, afirma la Secretaría del Trabajo”, La jornada, 11 julio, 2005.
6 Ibid.
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