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La Ley del Impuesto sobre la Renta
prevé gravar las prestaciones sociales de los trabajadores para el 2006.
.

Duro golpe a la economía de los trabajadores

GABINO JIMÉNEZ VELASCO*

    Según cálculos de las principales centrales obreras, como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el Congreso del Trabajo (CT), la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sindicatos independientes, legisladores de todos los sectores y representantes empresariales: Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), unos 15 millones de trabajadores verán reducidos sus ingresos reales entre 301 y 40% al entrar en vigor en enero del 2006 las reformas aprobadas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) que gravarán las prestaciones contenidas en los contratos colectivos de trabajo.
       En noviembre del 2004 se reformó el artículo 34 de la LISR para que a partir del 1º de enero del 2006 se graven las prestaciones de los trabajadores hasta hoy exentas. Ante la afectación tan grave los sindicatos contemplan realizar movilizaciones masivas para protestar contra esta reforma; asimismo, amparos y negociaciones parlamentarias para que en el próximo período de sesiones de la Cámara de Diputados se presente una iniciativa de ley que ponga a salvo las prestaciones de los trabajadores y evitar que se aplique este artículo en contra de sus representados.
       La medida gravará con impuestos el “salario bruto”, es decir, el total de ingresos, incluyendo prestaciones como: fondos de ahorro, ayuda para despensa, subsidio por enfermedad o incapacidad, apoyo para útiles escolares, ayuda por nacimiento de hijos, primas por seguro de vida, servicio de comedor, ayuda de renta y de transporte, pensiones y jubilaciones, ayuda de juguetes, becas, aguinaldo, prima vacacional, tiempo extra, prima dominical, etc. Es decir, a partir del 2006 se gravarán con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) prestaciones actualmente exentas.
       Las reformas a la LISR fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 2004; también proponen, para las personas físicas, reducir la tasa de 32 a 30% en el 2005, a 29% en el 2006 y a 28% en el 2007.
       Dentro de los sindicatos independientes y de las centrales de los trabajadores existe malestar, ya que la reforma a la LISR fue aprobada sin que los diputados, principalmente los de representación del sector obrero, se dieran cuenta de la gravedad de lo que en ese momento aprobaban.
       El origen de esta medida viene de la iniciativa presidencial que fue presentada por el presidente Vicente Fox en la Ley del Ingresos parael 2005, la que en principio fue rechazada por la mayoría de los diputados; sin embargo, con algunas modificaciones hechas en la Cámara de Senadores, fue aprobada sin darle importancia, ya que se encontraban negociando el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005, como lo declaró el diputado federal Miguel Alonso Raya, presidente de la Comisión de Seguridad Social: “Como estaba la tensión del problema del PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación), no le dimos importancia a las modificaciones que se hicieron, y si bien votamos en lo particular en contra de los artículos que fueron modificados, lo cierto es que votamos en favor de la iniciativa del ISR, y entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) votaron juntos los artículos que hizo el Senado. Eso quedó aprobado desde noviembre''.2
       Por su parte, la UNT difundió un estudio en el que señala que con la modificación los trabajadores que ganan entre 6 y 30 salarios mínimos pagarán una tasa única de 25%, diferente al que actualmente pagan, según sus ingresos, que son del 3, 10 o 17 por ciento.
       Por su parte, más de 400 mil burócratas vieron incrementadas sus percepciones, con retroactividad al 1º de enero, en un 4.7%, además de un pago por apoyo a capacitación de 350 pesos mensuales, a quienes el Gobierno sí apoyará sin gravarles sus prestaciones.
       En conferencia de prensa, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, y el jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda, Guillermo Bernal, informaron que el Gobierno Federal absorberá el pago de impuestos derivados de prestaciones, a fin de que el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado no se vea quebrantado.
       Por su parte, el CT señala que no obstante que en dicha reforma los trabajadores con ingresos menores a 10 salarios mínimos no se verán afectados, además de que recibirán un “subsidio de nivelación” de empleo, para su otorgamiento el trabajador debe cumplir con algunos requisitos, como el que haya laborado en el mes de diciembre de 2005, no cambie de empleo y la empresa no cambie de razón social, entre otros.
       Actualmente los trabajadores que ganan hasta tres salarios mínimos no pagan impuesto, y con la nueva propuesta se exentará hasta los que perciban hasta 6 mil 333.33 pesos; sin embargo, al sumar las prestaciones económicas, sociales, de previsión y de seguridad social, resulta que los trabajadores con ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos deberán pagar impuesto.
       Por ello se ha dado una coincidencia entre partidos políticos y líderes sindicales de distinta tendencia, mismos que acordaron presentar una iniciativa de ley para regresar la LISR al estatus de este año y que no se graven las prestaciones. Dicha iniciativa propone reformar los artículos 31, 32, 113, 116, 117, 118, 172, 173 y 177, y adiciones a los artículos 114, 115 y 178.
       La exposición de motivos señala que el Gobierno no sólo pretende tasar todas las prestaciones de los trabajadores, sino inclusive crear un nuevo gravamen denominado impuesto cedular, con el cual los estados de la República tienen la opción de que el impuesto sobre nóminas lo paguen los trabajadores y no las empresas.3
       Por su parte, el PAN, por medio del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, el panista Fauzi Hamdan, señaló que intervendrán para que no se grave a los trabajadores, pero sólo a los que tengan ingresos medios, además de rechazar que la reforma que aprobaron el pasado diciembre los lesione y expresó “extrañeza” ante la actitud de la CTM y otras organizaciones sindicales, porque, sostuvo, la reforma en materia impositiva que ahora se cuestiona contó con el aval de los legisladores del sector obrero;4 incluso señaló que Joel Ayala, secretario general de la FSTSE y otros líderes sindicales participaron en las negociaciones en las que se acordó la modificación que hoy combaten, además de indicar que las reformas lo único que hacen es eliminar subsidios porque no son equitativos.
       En cuanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ésta señala que las nuevas disposiciones fiscales violan los artículos 123 de la Constitución y 97 de la Ley Federal del Trabajo (LFT); además resalta que un obrero con salario mínimo pueda estar sujeto a una retención de 25% del total de sus ingresos, si éste elige la opción que llegara a ser menos favorable, lo cual es contrario a lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción VIII, que señala que el “salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento”; además violenta el artículo 97 de la LFT, que especifica que estas percepciones no podrán ser objeto de ninguna reducción.5
       Por lo pronto y mientras llega el momento de defender la iniciativa de ley para echar atrás la reforma, los diputados del sector obrero han logrado ponerse de acuerdo en el sentido de “impedir a toda costa la nulificación por la vía fiscal de las conquistas logradas en los pasados 40 años”.6
       Es importante resaltar que esta pretensión de gravar las prestaciones de los trabajadores ya la intentaron las autoridades hacendarias en años anteriores; a manera de ejemplo, están los trabajadores bancarios que, en 1995, por la vía de la modificación del artículo 78-A de la LISR, se les obligaba a pagar impuesto de sus prestaciones pues las consideraban como ingresos por servicios; en este caso, mientras la ley era modificada a más de dos años de entrar en vigor, se interpusieron amparos los que se ganaron en su totalidad por ser una medida injusta e inequitativa. También los patrones apoyaron con subsidios a los trabajadores e incluso no aplicaron la ley para no afectarlos. Finalmente el artículo 78-A fue derogado y con ello subsanado el problema, que hoy, vía otro mecanismo, pero con idéntico fin, pretenden accionar en contra de los trabajadores.
       Los resultados de estudios de los diferentes sectores, todos ellos afectados con esta medida hacendaria, coinciden en señalar que al gravar las prestaciones de los trabajadores hasta hoy exentas se verán las siguientes consecuencias:

  • Se afectará drásticamente los ingresos reales de los asalariados.
  • Caerá más el nivel de vida de los trabajadores y afectará el poder adquisitivo de sus salarios.
  • Se lesionarán todos los contratos colectivos de trabajo al quitarles a los sindicatos su mejor arma de negociación que son las prestaciones.
  • Se frenará la contratación de personal, por el costo impositivo.
  • Se ampliará la brecha en la distribución de la riqueza.
  • Habrá mayor desigualdad, ya que los trabajadores de ingresos medios pagarán más impuestos.
  • Repercutirá en los costos administrativos de las empresas.
  • Se profundizará la desigualdad fiscal, ya que los trabajadores que tienen ingresos medios pagarán más impuestos que los altos funcionarios de los sectores privado y público, porque para ellos la tasa del ISR descenderá de 33 a 25 por ciento.
  • Gravar las prestaciones de previsión social –hasta ahora exentas– significará elevar los costos para las empresas, inhibirá la creación de empleo y finalmente afectará la productividad.
  • Al acumular la totalidad de prestaciones que percibe el trabajador como si fueran ingresos, se afectan derechos sociales y se incrementarán los salarios integrados, base de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y Ahorro para el Retiro, “con un consecuente desequilibrio económico en la estructura laboral”.
  • Es una medida inequitativa, ya que, a la par que eleva los impuestos para los trabajadores, se reduce en 15% este gravamen para las empresas.
  • Representa un “sacrificio fiscal” al que serán sometidos los trabajadores; se calcula que a partir del 2006 el ISR será de más de 20 mil millones de pesos, lo que significará un impacto brutal para los asalariados medios.
  • Significará encarecer la contratación colectiva, desestimar los empleos formales y, por ende, fomentar la economía informal.
  • Se agravarían aún más la desigualdad social y la concentración de la riqueza, por lo que se pondría en riesgo la paz laboral y la estabilidad nacional.
  • Aumento en el costo de cada empleo creado.
  • Disminución de la productividad de los trabajadores al despojarlos de incentivos.
  • Se prevé el cierre de empresas en el sector formal de la economía.
  • Será el fin de la paz social al endurecer las negociaciones salariales y contractuales.
  • Se impactarán de manera negativa los índices inflacionarios.

       Es por lo anterior que los trabajadores debemos continuar en la lucha por conseguir se respeten las conquistas laborales ganadas a base de sacrificios, e incluso de vidas, durante décadas.
       El sistema neoliberal que nos gobierna, empeñado en reducir a los trabajadores a su mínima expresión, los sitúa en el penoso papel de luchar para conservar sus prestaciones ganadas con anterioridad, en lugar de conseguir salarios dignos y mejores condiciones de vida y de trabajo.
       De ahí la importancia de participar en lo individual y colectivo para forjar un proyecto alternativo de nación del pueblo y para el pueblo.

Tomado de: http://www.uom.edu.mx/trabajadores/49isr.htm

........................................

* Reportero de la UOM.

Notas

1 La Jornada, 2 junio, 2005.
2 Garduño, Roberto, “Ofrecen PRI, PRD y PT corregir reformas al ISR”, La Jornada, 16 junio, 2005.
3 Patricia Muñoz y Roberto Garduño, “PRI, PRD y PT intentarán echar atrás reforma al ISR que grava prestaciones”, La Jornada, 6 julio, 2005.
4 Andrea Becerril, “Prestaciones de trabajadores de ingresos medios no serán gravados, ofrece Hamdan”, La Jornada, 8 de julio, 2005.
5 Patricia Muñoz Ríos, “Anticonstitucional la reforma a la Ley del ISR, afirma la Secretaría del Trabajo”, La jornada, 11 julio, 2005.
6 Ibid.

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Revisado: Tuesday, 15 de September de 2009 03:24:18 AM