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Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México

CESAR CAMACHO QUIROZ, Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la H. "LIII" Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NUMERO 68

LA "LIII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO
D E C R E T A :

LEY DEL TRABAJO
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS

TITULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales
CAPITULO UNICO

Artículo 1. Esta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las relaciones de trabajo entre los Poderes Públicos del Estado y los Ayuntamientos, y sus respectivos servidores públicos.

Igualmente, se regulan por esta ley las relaciones de trabajo entre los tribunales administrativos, los organismos auxiliares de carácter estatal y municipal y sus servidores públicos.

Aquellos actos en los que el Estado o los municipios asuman la responsabilidad de las relaciones de trabajo, se regularán conforme a esta ley, considerando las modalidades y términos específicos que se señalen en dichos actos.

Artículo 2. Son sujetos de esta ley los servidores públicos y las instituciones públicas.

Artículo 3. Los derechos que esta ley otorga son irrenunciables.

Artículo 4. Para efectos de esta ley se entiende:

I. Por servidor público, toda persona física que preste a una institución pública un trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual, o de ambos géneros, mediante el pago de un sueldo;

II. Por trabajador, la persona física que presta sus servicios, en forma subordinada, en el Subsistema Educativo Federalizado, mediante el pago de un sueldo o salario;
III. Por institución pública, cada uno de los poderes públicos del Estado, los ayuntamientos y los tribunales administrativos, así como los organismos auxiliares de carácter estatal y municipal;

IV. Por dependencia, la unidad administrativa prevista en los ordenamientos legales respectivos que, estando subordinada jerárquicamente a una institución pública, tenga un sistema propio de administración interna; y

V. Por Tribunal, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Para los efectos de esta ley no se considerarán servidores públicos a las personas sujetas a un contrato civil o mercantil.

Artículo 5. La relación de trabajo entre las instituciones públicas y sus servidores públicos se entiende establecida mediante nombramiento, contrato o por cualquier otro acto que tenga como consecuencia la prestación personal subordinada del servicio y la percepción de un sueldo.

Para los efectos de esta ley, las instituciones públicas estarán representadas por sus titulares.

Artículo 6. Los servidores públicos se clasifican en generales y de confianza, los cuales, de acuerdo con la duración de sus relaciones de trabajo pueden ser: por tiempo u obra determinados o por tiempo indeterminado.

Artículo 7. Son servidores públicos generales los que prestan sus servicios en funciones operativas de carácter manual, material, administrativo, técnico, profesional o de apoyo, realizando tareas asignadas por sus superiores o determinadas en los manuales internos de procedimientos o guías de trabajo, no comprendidos dentro del siguiente artículo.

Artículo 8. Se entiende por servidores públicos de confianza:

I. Aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención directa del titular de la institución pública o del órgano de gobierno;

II. Aquéllos que tengan esa calidad en razón de la naturaleza de las funciones que desempeñen y no de la designación que se dé al puesto.

Son funciones de confianza: las de dirección, inspección, vigilancia, auditoría, fiscalización, asesoría, procuración y administración de justicia y de protección civil, así como las que se relacionen con la representación directa de los titulares de las instituciones públicas o dependencias, con el manejo de recursos y las que realicen los auxiliares directos de los servidores públicos de confianza.

No se consideran funciones de confianza las de dirección, supervisión e inspección que realizan los integrantes del Sistema Educativo Estatal en los planteles educativos del propio sistema.

Artículo 9. Para los efectos del artículo anterior y la debida calificación de puestos de confianza, se entenderán como funciones de:

I. Dirección, aquéllas que ejerzan los servidores públicos responsables de conducir las actividades de los demás, ya sea en toda una institución pública o en alguna de sus dependencias o unidades administrativas;

II. Inspección, vigilancia, auditoría y fiscalización, aquéllas que se realicen a efecto de conocer, examinar, verificar, controlar o sancionar las acciones a cargo de las instituciones públicas o de sus dependencias o unidades administrativas;

III. Asesoría, la asistencia técnica o profesional que se brinde mediante consejos, opiniones o dictámenes, a los titulares de las instituciones públicas o de sus dependencias y unidades administrativas;

IV. Procuración de justicia, las relativas a la investigación y persecución de los delitos del fuero común y al ejercicio de la acción penal para proteger los intereses de la sociedad;

V. Administración de justicia, aquéllas que se refieren al ejercicio de la función jurisdiccional;

VI. Protección civil, aquéllas que tengan por objeto prevenir y atender a la población en casos de riesgo, siniestro o desastre;

VII. Representación, aquéllas que se refieren a la facultad legal de actuar a nombre de los titulares de las instituciones públicas o de sus dependencias; y

VIII. Manejo de recursos, aquéllas que impliquen la facultad legal o administrativa de decidir o determinar su aplicación o destino.

Artículo 10. Los servidores públicos de confianza quedan comprendidos en el presente ordenamiento en lo que hace a las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social que otorgue el Estado. Asimismo les será aplicable lo referente al sistema de profesionalización a que se refiere el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley, con excepción de aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención directa de la institución pública o del órgano de gobierno, sean auxiliares directos de éstos, les presten asistencia técnica o profesional como asesores, o tengan la facultad legal de representarlos o actuar en su nombre.
Quienes ocupen cargos de elección popular no serán sujetos de esta ley.

Artículo 11. Los servidores públicos generales podrán ocupar puestos de confianza. Para este efecto, en caso de ser sindicalizados podrán renunciar a esa condición, o bien obtener licencia del sindicato correspondiente antes de ocupar dicho puesto.

Artículo 12. Son servidores públicos por tiempo indeterminado quienes sean nombrados con tal carácter en plazas presupuestales.

Artículo 13. Son servidores públicos sujetos a una relación laboral por tiempo u obra determinados, aquéllos que presten sus servicios bajo esas condiciones, en razón de que la naturaleza del servicio así lo exija.

Artículo 14. Sólo se podrá contratar la prestación de servicios por tiempo determinado en los siguientes casos:

I. Cuando tenga por objeto sustituir interinamente a un servidor público;

II. Cuando sea necesario realizar labores que se presentan en forma esporádica;

III. Cuando aumenten las cargas de trabajo o haya rezago y se establezca un programa especial para desahogarlo, o para apoyar programas de inversión.

El término máximo para el cual se podrá establecer una relación laboral por tiempo determinado será de un año, excepto cuando se trate de sustituir interinamente a otro servidor público o tratándose de programas con cargo a recursos de inversión. Pasado este término, si subsiste la naturaleza del trabajo y se cumple lo estipulado en esta ley y en las condiciones generales de trabajo de la institución pública, el servidor público sujeto a este tipo de relación, tendrá derecho a ocupar un puesto por tiempo indeterminado.

Artículo 15. Cuando se trate de una relación de trabajo por obra determinada, ésta durará hasta en tanto subsista la obra motivo del contrato.

Artículo 16. Los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y de tránsito estatales y municipales, se regirán en el desarrollo de sus actividades por sus propios ordenamientos.

En todo caso se garantizarán los beneficios de seguridad social y las medidas de protección salarial que les correspondan.

Artículo 17. Los servidores públicos deberán ser de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser extranjeros cuando no existan nacionales que puedan desarrollar el servicio de que se trate. La contratación de éstos será decidida por los titulares de las instituciones públicas oyendo al sindicato, en su caso.

Artículo 18. Las actuaciones o certificaciones que se hicieren con motivo de la aplicación de la presente ley no causarán pago de derechos.

Artículo 19. Lo no previsto en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias se regulará por la analogía, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y los de justicia social, la costumbre y la equidad.


TITULO SEGUNDO
De los Integrantes del Sistema
Educativo Estatal

CAPITULO I
Generalidades

Artículo 20. Para efectos de esta ley son integrantes del Sistema Educativo Estatal los servidores públicos docentes que prestan sus servicios en el Subsistema Educativo Estatal y los trabajadores de la educación que se desempeñan en el Subsistema Educativo Federalizado.

Artículo 21. Cuando en el cuerpo de esta ley se mencione el término de servidor público general, se entenderá que también se refiere, en lo que les sea aplicable, a los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado.

Artículo 22. Este título regula las relaciones de trabajo entre el Poder Ejecutivo del Estado y los servidores públicos docentes del Subsistema Educativo Estatal, y entre el primero y los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado, independientemente de que, en lo que corresponda, se les apliquen las demás disposiciones de esta ley.

Artículo 23. Cuando en esta ley se enuncie el término institución pública, con respecto a los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado, se entenderá referido al organismo público descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México, o a cualquier otro organismo auxiliar en el que presten sus servicios.


CAPITULO II
De los Servidores Públicos del
Subsistema Educativo Estatal

Artículo 24. Los servidores públicos docentes o profesores del Subsistema Educativo Estatal son los servidores públicos generales que prestan servicios de docencia, investigación o difusión, o bien aquéllos que desempeñan funciones directivas o de supervisión en los planteles del propio Subsistema.

Artículo 25. Este capítulo regula las relaciones de trabajo entre la dependencia denominada Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social y los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 26. Los profesores del Subsistema Educativo Estatal podrán ser designados en plazas de puestos específicos o bajo el sistema de horas clase-semana-mes; en ambos casos el nombramiento podrá ser por tiempo determinado o indeterminado conforme a las necesidades del servicio.

Artículo 27. En el desarrollo de sus actividades, los profesores del Subsistema Educativo Estatal se regirán por sus propias condiciones generales de trabajo.

El contenido mínimo de sus condiciones generales de trabajo se ajustará a lo establecido en esta ley. En todo caso, se deberán de tomar en consideración las circunstancias específicas en que se preste el servicio y la naturaleza del mismo.
Artículo 28. Los ascensos de los servidores públicos docentes del Subsistema Educativo Estatal se regularán por el reglamento de escalafón que les corresponda, cuya aplicación estará a cargo de la comisión mixta de escalafón respectiva.

Artículo 29. Los profesores del Subsistema Educativo Estatal podrán tener asignada otra plaza u horas clase en el mismo subsistema o en el federalizado, siempre y cuando los horarios establecidos para el desempeño de las mismas sean compatibles, de acuerdo a lo determinado en las condiciones generales de trabajo o en las disposiciones relativas.


CAPITULO III
De los Trabajadores del Subsistema
Educativo Federalizado.

Artículo 30. Este capítulo regula las relaciones de trabajo entre la institución pública a que se refiere el artículo 23 de esta ley, y los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado.

Artículo 31. Los trabajadores a que se refiere este capítulo se clasifican en dos grupos: de confianza y de base.

I. Son trabajadores de confianza aquéllos a que se refieren los artículos 8 y 9 de esta ley; y

II. Son trabajadores de base los no incluidos en los artículos señalados en la fracción anterior, agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que prestan sus servicios en actividades de docencia, investigación y difusión o bien, aquéllos que desempeñan funciones directivas, de supervisión o inspección en los planteles del propio subsistema, así como los trabajadores que realizan tareas de apoyo y asistencia a la educación.

Artículo 32. Esta ley se aplicará en lo conducente a los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado sin menoscabo de los derechos que les confieren su régimen de regulación especial, los de organización colectiva, de huelga, de afiliación a su sindicato de carácter nacional, de la calidad de base de su nombramiento; de su derecho a la inamovilidad, a su régimen salarial y aguinaldo, de su jornada de trabajo, de su descanso semanal, de sus vacaciones, de su derecho a la capacitación y adiestramiento, así como de su propio régimen de seguridad social, prestaciones y servicios.

Artículo 33. Los trabajadores podrán ser designados en plazas de puestos específicos o bajo el sistema de horas clase-semana-mes; en ambos casos el nombramiento podrá ser por tiempo determinado, o por tiempo indeterminado, conforme a las necesidades del servicio.

Artículo 34. En el desarrollo de sus actividades los trabajadores se regirán por el "Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública".

Artículo 35. Los ascensos de los trabajadores se regularán por el "Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública".

Artículo 36. Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren, se cubrirán en los términos que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 37. Los trabajadores podrán tener asignada otra plaza u horas clase en el Subsistema Educativo Federalizado o en el Subsistema Educativo Estatal, siempre y cuando los horarios establecidos para el desempeño de sus funciones sean compatibles, de acuerdo a las disposiciones relativas, con excepción de aquéllos que tengan nombramiento anterior al 18 de mayo de 1992, en los términos del convenio suscrito en la misma fecha entre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Artículo 38. Los trabajadores gozarán, de los beneficios establecidos en el "Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica", en el "Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública", en el reglamento nacional de escalafón vigente, en los Convenios de fecha 18 de mayo de 1992, signados entre el Ejecutivo del Gobierno Estatal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y entre las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Urbano y Ecología, Educación Pública, Gobierno del Estado de México e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de todos aquellos que se derivan de acuerdos, disposiciones o convenios que les sean propios.

Artículo 39.- Los beneficios de la Seguridad Social le serán otorgados a los trabajadores por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con el convenio celebrado el primero de mayo de 1992, entre el Ejecutivo del Gobierno Federal, el Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Ejecutivo del Gobierno del Estado.

Cuando en el cuerpo de esta ley se haga referencia a las prestaciones médico asistenciales y sociales que otorga el Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como a la calificación de riesgos de trabajo que deba realizar dicha institución, se tendrá como entendido, en lo que así corresponda a los trabajadores de la educación federalizados, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos de la ley de este instituto.

Artículo 40. Conforme lo dispuesto en los artículos anteriores, los acuerdos, convenios y reglamentos a que se hace referencia, así como las prestaciones y derechos de cualesquier naturaleza, serán de observancia general y obligatoria para el titular del Poder Ejecutivo, los titulares de las dependencias y de la institución o instituciones públicas a las que estén adscritos.

Artículo 41. Los trabajadores a que se refiere este capítulo tendrán derecho a un aguinaldo anual conforme lo establece el artículo 78 de esta ley, el que deberá pagárseles en dos entregas, la primera antes del día 15 de diciembre y la segunda a más tardar el día 15 de enero de cada año.

Artículo 42. Los procesos de movilidad interestatal de los trabajadores a que se refiere este capítulo se realizarán de conformidad a lo establecido en la cláusula séptima del Convenio celebrado el 18 de mayo de 1992 a que se refiere el artículo 38 de esta ley.

Artículo 43. Los conflictos inter o intrasindicales que se suscitaren entre los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado, se regularán conforme lo dispuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y el órgano competente para conocer y, en su caso, resolver sobre los mismos será el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 44. En la aplicación de los diversos ordenamientos que regulan la relación o condiciones de trabajo de los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado, se estará, siempre, a la disposición que más les favorezca.


TITULO TERCERO

De los Derechos y Obligaciones Individuales
de los Servidores Públicos

CAPITULO I
Del Ingreso al Servicio Público

Artículo 45. Los servidores públicos prestarán sus servicios mediante nombramiento expedido por quien estuviere facultado legalmente para extenderlo. Cuando se trate de servidores públicos sujetos a una relación por tiempo u obra determinados, el nombramiento podrá ser sustituido por el contrato, o su inclusión en la nómina o lista de raya. La falta de formalización de la relación de trabajo será imputable a la institución o dependencia de que se trate.
Artículo 46. Los servidores públicos, mayores de 16 años, tendrán capacidad legal por sí mismos para prestar sus servicios, percibir el sueldo correspondiente y, en su caso, ejercer las acciones derivadas de la presente ley.

Artículo 47. Para ingresar al servicio público se requiere:

I. Presentar una solicitud utilizando la forma oficial que se autorice por la institución pública o dependencia correspondiente;

II. Ser de nacionalidad mexicana, con la excepción prevista en el artículo 17 de la presente ley;

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en su caso;

IV. Acreditar, cuando proceda, el cumplimiento de la Ley del Servicio Militar Nacional;

V. No tener antecedentes penales por delitos intencionales;

VI. No haber sido separado anteriormente del servicio por las causas previstas en la fracción V del artículo 89 y en el artículo 93 de la presente ley;

VII. Tener buena salud, lo que se comprobará con los certificados médicos correspondientes, en la forma en que se establezca en cada institución pública;

VIII. Cumplir con los requisitos que se establezcan para los diferentes puestos;

IX. Acreditar por medio de los exámenes correspondientes los conocimientos y aptitudes necesarios para el desempeño del puesto; y

X. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público.

Artículo 48. Para iniciar la prestación de los servicios se requiere:

I. Tener conferido el nombramiento o contrato respectivo;

II. Rendir la protesta de ley en caso de nombramiento; y

III. Tomar posesión del cargo.


CAPITULO II
De los Nombramientos

Artículo 49. Los nombramientos de los servidores públicos deberán contener:

I. Nombre completo del servidor público;
II. Cargo para el que es designado, fecha de inicio de sus servicios y lugar de adscripción;

III. Carácter del nombramiento, ya sea de servidores públicos generales o de confianza, así como la temporalidad del mismo;

IV. Remuneración correspondiente al puesto;

V. Partida presupuestal a la que deberá cargarse la remuneración; y

VI. Firma del servidor público autorizado para emitir el nombramiento, así como el fundamento legal de esa atribución.

Artículo 50. El nombramiento aceptado obliga al servidor público a cumplir con los deberes inherentes al puesto especificado en el mismo y a las consecuencias que sean conforme a la ley, al uso y a la buena fe.

Iguales consecuencias se generarán para todos los servidores públicos, cuando la relación de trabajo se formalice mediante un contrato o por encontrarse en lista de raya.

Artículo 51. El cambio de adscripción de los servidores públicos de una dependencia a otra no afectará sus condiciones de trabajo.

En ningún caso, el cambio de servidores públicos de confianza podrá afectar los derechos de los servidores públicos generales, derivados de esta ley.

Artículo 52. Solamente se podrá ordenar el cambio de adscripción a que se refiere el artículo anterior por las siguientes causas:

I. Reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas, haciéndolo del conocimiento del sindicato, en su caso;

II. Desaparición del centro de trabajo;

III. Permuta debidamente autorizada; o

IV. Laudo del Tribunal.

Artículo 53. Cuando se realice el cambio de adscripción de un servidor público que implique su traslado de una población a otra, la institución pública o dependencia en donde preste sus servicios, le dará a conocer previamente las causas del cambio y sufragará los gastos que por este motivo se originen conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas, excepto cuando éste hubiere sido solicitado por el servidor público o se haya previsto así en el nombramiento o contrato respectivo, o bien en las condiciones generales de trabajo de la institución pública o dependencia correspondiente.
CAPITULO III
De las Condiciones Generales de Trabajo

Artículo 54. Cada institución pública o, en su caso, dependencia, en razón de la naturaleza de sus funciones, fijará las condiciones generales de trabajo aplicables a sus servidores públicos, de común acuerdo, con el sindicato, en caso de existir esta representación, las que tendrán una duración de tres años y podrán ratificarse o modificarse a su término.

Artículo 55. En caso de que las instituciones públicas o los sindicatos objetaren sustancialmente las condiciones generales de trabajo, podrán concurrir ante el Tribunal, el que resolverá en definitiva. El ejercicio de esta acción no suspende su vigencia.

Artículo 56. Las condiciones generales de trabajo, establecerán como mínimo:

I. Duración de la jornada de trabajo;

II. Intensidad y calidad del trabajo;

III. Régimen de retribuciones;

IV. Regímenes de licencias, descansos y vacaciones;

V. Régimen de compatibilidad en horario y funciones;

VI. Disposiciones que deban adoptarse para prevenir los riesgos de trabajo;

VII. Disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas;

VIII. Fechas y condiciones en que los servidores públicos deben someterse a exámenes médicos previos y periódicos;

IX. Labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar los menores de edad y la protección que se dará a las servidoras públicas embarazadas; y

X. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo.

Artículo 57. Serán condiciones nulas y no obligarán a los servidores públicos, aún cuando las admitieren expresamente, las que estipulen:

I. Jornada mayor a la establecida, excepto cuando ocurrieren situaciones de emergencia o desastre que pusieran en riesgo a la población, en cuyo caso se deberán prestar los servicios necesarios determinados por la institución pública;

II. Labores peligrosas o insalubres para mujeres embarazadas y para menores de dieciocho años, o nocturnas para estos últimos;

III. Jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el servidor público, o para la salud de la servidora pública embarazada o del producto de la concepción;

IV. Sueldo inferior al salario mínimo general establecido para el área geográfica de que se trate;

V. Plazo mayor de quince días para el pago de sueldos y demás prestaciones económicas; o

VI. Cualquier otra condición que contravenga las disposiciones de esta ley.

Artículo 58. Las condiciones generales de trabajo surtirán efecto a partir de su depósito en el Tribunal.


CAPITULO IV
De la Jornada de Trabajo y
de los Descansos

Artículo 59. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el servidor público está a disposición de la institución pública para prestar sus servicios. El horario de trabajo será determinado conforme a las necesidades del servicio de la institución pública o dependencia, de acuerdo a lo estipulado en las condiciones generales de trabajo, sin que exceda los máximos legales.

Artículo 60. La jornada de trabajo puede ser diurna, nocturna o mixta, conforme a lo siguiente:

I. Diurna, la comprendida entre las seis y las veinte horas;

II. Nocturna, la comprendida entre las veinte y las seis horas; y

III. Mixta, la que comprenda períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues en caso contrario, se considerará como jornada nocturna.

Artículo 61. Cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, la jornada se reducirá teniendo en cuenta el número de horas que pueda trabajar un individuo normal sin sufrir quebranto en su salud.

Artículo 62. Por cada seis días de trabajo el servidor público disfrutará de uno de descanso con goce de sueldo íntegro.

Cuando proceda, se podrán distribuir las horas de trabajo, a fin de permitir a los servidores públicos el descanso del sábado o cualquier modalidad equivalente.

Artículo 63. El servidor público tendrá derecho a un descanso de media hora cuando trabaje horario continuo de más de siete horas y cuando menos de una hora, en horario discontinuo.

Cuando el servidor público no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante la hora de descanso o de comidas, el tiempo correspondiente le será considerado como tiempo efectivo de trabajo.

Artículo 64. Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de trabajo establecidas, éstas serán consideradas como extraordinarias y no deberán exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana, con excepción de lo señalado en la fracción I del artículo 57 de esta ley.

Las horas de trabajo extraordinarias se retribuirán con un cien por ciento más del sueldo que corresponda a las ordinarias, cuando no excedan de nueve. Las excedentes de nueve horas, se pagarán al doscientos por ciento más del sueldo que corresponda a las horas normales de su jornada.

Artículo 65. Las servidoras públicas embarazadas disfrutarán de licencia con goce de sueldo íntegro por un período de 90 días naturales: 30 días antes de la fecha probable del parto y 60 después de éste, o 45 antes y 45 después del mismo, a su elección.

Durante el período de lactancia, que no excederá de seis meses, las servidoras públicas tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, o el tiempo equivalente que la servidora pública acuerde con el titular de la institución pública o dependencia o su representante.

Artículo 66. Se establecen dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborables cada uno, cuyas fechas deberán ser dadas a conocer oportunamente por cada institución pública. Los servidores públicos podrán hacer uso de su primer período vacacional siempre y cuando hayan cumplido seis meses en el servicio.

Los servidores públicos que durante los períodos normales de vacaciones se encuentren con licencia por maternidad o enfermedad, podrán gozar, al reintegrarse al servicio, de hasta dos períodos vacacionales no disfrutados anteriormente por esa causa.

Artículo 67. Durante los períodos de vacaciones se dejará personal de guardia para la tramitación de asuntos urgentes, para lo cual se seleccionará de preferencia a los servidores públicos que no tuvieren derecho a éstas, elaborando el calendario respectivo.

En ningún caso, los servidores públicos que laboren en períodos vacacionales tendrán derecho a doble pago de sueldo.

Artículo 68. Cuando por cualquier motivo el servidor público no pudiere hacer uso de alguno de los períodos vacacionales en los términos señalados, la institución pública estará obligada a concederlo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de dicho periodo. En ningún caso, el servidor público que no disfrutase de sus vacaciones podrá exigir el pago de sueldo doble sin el descanso correspondiente.

Artículo 69. Durante la jornada de trabajo, los servidores públicos podrán desarrollar actividades, de capacitación, de acuerdo a los programas respectivos de la institución pública, así como las sindicales, siempre y cuando medie autorización expresa del titular de la institución pública o dependencia donde desempeñen sus funciones, a fin de no afectar la prestación de los servicios.

Artículo 70. Anualmente, los titulares de las instituciones públicas o dependencias, facultados para ello, darán a conocer el calendario oficial de días de descanso obligatorio y de vacaciones.

Tratándose de los integrantes del Sistema Educativo Estatal, serán considerados días de descanso obligatorio los de suspensión de labores docentes que señale el calendario escolar oficial; asimismo los períodos vacacionales deberán corresponder a los determinados en dicho calendario.


CAPITULO V
Del Sueldo

Artículo 71. El sueldo es la retribución que la institución pública debe pagar al servidor público por los servicios prestados.

Artículo 72. A trabajo igual, desempeñado en puesto, horario y condiciones de eficiencia, también iguales, corresponde sueldo igual, debiendo ser éste uniforme para cada uno de los puestos que ocupen los servidores públicos.

Artículo 73. El pago del sueldo se efectuará preferentemente en el lugar donde los servidores públicos presten sus servicios dentro del horario normal de labores; su monto se podrá cubrir en moneda de curso legal, en cheques nominativos de fácil cobro o utilizando el sistema que brinde mayor oportunidad y seguridad en el pago a los servidores públicos de acuerdo a lo establecido en las condiciones generales de trabajo o de conformidad con el sindicato respectivo.

Artículo 74. El pago del sueldo de los servidores públicos será preferente a cualquier erogación que realicen las instituciones públicas o dependencias.

Artículo 75. El monto del sueldo base fijado en ningún caso podrá ser disminuido.

Artículo 76. El sueldo base de los servidores públicos no podrá ser menor al salario mínimo general fijado para cada área geográfica donde presten sus servicios.

Artículo 77. Cuando por cualquier motivo un servidor público desempeñe un puesto de menor categoría, seguirá gozando del sueldo base estipulado para su empleo inmediato anterior. Si la categoría es mayor gozará del sueldo correspondiente a esta última.

Artículo 78. Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual, equivalente a 40 días de sueldo base, cuando menos, sin deducción alguna, y estará comprendido en el presupuesto de egresos correspondiente.

Dicho aguinaldo deberá pagarse en dos entregas, la primera de ellas previo al primer período vacacional y la segunda a más tardar el día 15 de diciembre.

Los servidores públicos que hayan prestado sus servicios por un lapso menor a un año, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del aguinaldo de acuerdo a los días efectivamente trabajados.

Artículo 79. Por cada cinco años de servicios efectivos prestados, los servidores públicos tendrán derecho al pago mensual de una prima por permanencia en el servicio, cuya cantidad es la comprendida en el presupuesto de egresos correspondiente y será fijada por los titulares de las instituciones públicas, con participación del sindicato, cuando exista esta representación.

Artículo 80. Los servidores públicos que optaren por separarse del servicio habiendo cumplido 15 años en el mismo, tendrán derecho al pago de una prima de antigüedad consistente en el importe de 12 días de su sueldo base, por cada año de servicios prestados.

Cuando el sueldo base del servidor público exceda del doble del salario mínimo general del área geográfica que corresponda al lugar en donde presta sus servicios, se considerará para efectos del pago de la prima de antigüedad, hasta un máximo de dos salarios mínimos generales.

Esta prima se pagará, igualmente, en caso de muerte o rescisión de la relación laboral por causas no imputables al servidor público, cualquiera que sea su antigüedad.

En caso de muerte del servidor público, la prima se pagará a sus beneficiarios, en el orden de prelación en que formalmente hayan sido designados ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. En caso de no existir esa designación, dicha prima se pagará conforme a la prelación que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Cuando las instituciones públicas tengan establecidos en sus condiciones generales de trabajo programas o fondos de retiro en los que no existieran aportaciones de los servidores públicos, y el monto que, en su caso, correspondiera por este concepto a los servidores públicos sea superior al señalado en el segundo párrafo de este artículo, las instituciones públicas estarán obligadas a otorgar al servidor público sólo la prestación que más lo favorezca.
Artículo 81. En los días de descanso obligatorio y en las vacaciones a que se refieren los artículos 66 y 68 de esta ley, los servidores públicos recibirán sueldo íntegro. Cuando el sueldo se pague por unidad de obra, se promediará el sueldo base presupuestal del último mes.

Los servidores públicos que presten sus servicios durante el día domingo tendrán derecho al pago adicional de un 25% sobre el monto de su sueldo base presupuestal de los días ordinarios de trabajo.

Los servidores públicos que, conforme al artículo 66 de esta ley, tengan derecho a disfrutar de los períodos vacacionales, percibirán una prima de un 25% como mínimo, sobre el sueldo base presupuestal que les corresponda durante los mismos.

Artículo 82. Las instituciones públicas realizarán anualmente, con la participación del sindicato que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para el incremento de sueldos y otras prestaciones de los servidores públicos, que permitan equilibrar el poder adquisitivo de éstos, conforme a la capacidad y disponibilidad presupuestal de la institución pública.

Asimismo se podrán realizar revisiones, en cuanto a incrementos salariales se refiere, en caso de presentarse una situación económica en el país que, repercutiendo en los sueldos, si así lo ameritara.

Artículo 83. El sueldo de los servidores públicos no es susceptible de embargo judicial o administrativo.

Artículo 84. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los servidores públicos por concepto de:

I. Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;

II. Deudas contraídas con las instituciones públicas o dependencias por concepto de anticipos de sueldo, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados;

III. Cuotas sindicales;

IV. Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el servidor público hubiese manifestado previamente, de manera expresa, su conformidad;

V. Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con motivo de cuotas y obligaciones contraídas con éste por los servidores públicos;

VI. Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consentido, derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones consideradas como de interés social;

VII. Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas;

VIII. Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial; o

IX. Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por el servidor público.

El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones no podrá exceder del 30% de la remuneración total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo, en que podrán ser de hasta el 50%, salvo en los casos en que se demuestre que el crédito se concedió con base en los ingresos familiares para hacer posible el derecho constitucional a una vivienda digna, o se refieran a lo establecido en la fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo determinado por la autoridad judicial.

Artículo 85. Será nula la cesión de sueldos que se haga en favor de terceras personas.


CAPITULO VI
De los Derechos y Obligaciones de los
Servidores Públicos

Artículo 86. Los servidores públicos tendrán los siguientes derechos:

I. Ser tratados en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales o subalternos;

II. Gozar de los beneficios de la seguridad social en la forma y términos establecidos por la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios;

III. Obtener licencias en los términos establecidos en esta ley o en las condiciones generales de trabajo;

IV. Participar en los programas culturales, deportivos y de recreación que se lleven a cabo en favor de los servidores públicos;

V. Asistir a las actividades de capacitación que les permitan elevar sus conocimientos, aptitudes y habilidades para poder acceder a puestos de mayor categoría;

VI. Impartir horas-clase, siempre y cuando los horarios establecidos para el desempeño de las mismas sean compatibles, de acuerdo a lo determinado en las condiciones generales de trabajo o en las disposiciones relativas; y

VII. Los demás que establezca esta ley.

Artículo 87. Los servidores públicos generales por tiempo indeterminado tendrán, además, los siguientes derechos:

I. Afiliarse al sindicato correspondiente;

II. Tratar por sí o por conducto de su representación sindical los asuntos relativos al servicio;

III. Obtener ascensos, de acuerdo a las disposiciones escalafonarias aplicables; y

IV. Obtener becas para sus hijos, en términos de las disposiciones relativas;

V. Obtener licencias para desempeñar comisiones sindicales o para ocupar cargos de elección popular;

VI. Recibir los reglamentos correspondientes.

Artículo 88. Son obligaciones de los servidores públicos:

I. Rendir la protesta de ley al tomar posesión de su cargo;

II. Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo;

III. Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada o sin permiso. En caso de inasistencia, el servidor público deberá comunicar a la institución pública o dependencia en que presta sus servicios, por los medios posibles a su alcance, la causa de la misma dentro de las 24 horas siguientes al momento en que debió haberse presentado a trabajar. No dar aviso, hará presumir que la falta fue injustificada;

IV. Observar buena conducta dentro del servicio;

V. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a las instrucciones de sus superiores jerárquicos y a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos;

VI. Cumplir con las obligaciones que señalan las condiciones generales de trabajo;

VII. Guardar la debida discreción de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo;

VIII. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de las instalaciones o lugares en donde desempeñe su trabajo;

IX. Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para mejorar su preparación y eficiencia;
X. Manejar apropiadamente los documentos, correspondencia, valores y efectos que se les confíen con motivo de sus labores y no sustraerlos de su lugar de trabajo;

XI. Tratar con cuidado y conservar en buen estado el equipo, mobiliario y útiles que se les proporcionen para el desempeño de su trabajo y no utilizarlos para objeto distinto al que están destinados e informar, invariablemente, a sus superiores inmediatos de los defectos y daños que aquéllos sufran tan pronto como los adviertan;

XII. Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos y con la población en general;

XIII. Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio encomendado;

XIV. Atender las disposiciones relativas a la prevención de los riesgos de trabajo;

XV. Presentar, en su caso, la manifestación de bienes a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y

XVI. Las demás que les impongan los ordenamientos legales aplicables.


CAPITULO VII
De la Terminación de la Relación Laboral

Artículo 89. Son causas de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para las instituciones públicas:

I. La renuncia del servidor público;

II. El mutuo consentimiento de las partes;

III. El vencimiento del término o conclusión de la obra determinantes de la contratación;

IV. La muerte del servidor público; y

V. La incapacidad permanente del servidor público que le impida el desempeño de sus labores.


CAPITULO VIII
De la Suspensión de la Relación Laboral

Artículo 90. Son causas de suspensión de la relación laboral:

I. Padecer el servidor público alguna enfermedad contagiosa, que implique un peligro para las personas que laboran con él;

II. Tener licencia sin goce de sueldo por incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo;

III. El arresto del servidor público;
IV. La prisión preventiva del servidor público, seguida de sentencia absolutoria;

V. Las previstas por otros ordenamientos aplicables e impuestas por la autoridad competente; o

VI. Las que se determinen en las condiciones generales de trabajo de las instituciones públicas o dependencias;

VII. Las licencias otorgadas sin goce de sueldo para desempeñar cargo de elección popular o comisiones sindicales.

El tiempo de suspensión de la relación laboral en los casos previstos por las fracciones I y II se sujetará a lo que establezca la incapacidad expedida por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Artículo 91. La suspensión surtirá efectos legales a partir de la fecha en que se produzca alguna de las causas previstas en el artículo anterior, o bien, desde la fecha en que se comunique a la institución pública o dependencia correspondiente.

Desaparecida la causa que originó la suspensión o cumplido el término de la misma, el servidor público deberá reintegrarse a sus labores al día hábil siguiente, con excepción del caso señalado en la fracción IV del artículo anterior, en cuyo caso podrá hacerlo dentro de los quince días siguientes.
El servidor público deberá entregar a su superior jerárquico copia de la documentación probatoria de la finalización de la causa de suspensión. De no presentarla o no reintegrarse en los plazos antes señalados, los días de inasistencia se considerarán como faltas injustificadas.
CAPITULO IX
De la Rescisión de la Relación Laboral

Artículo 92. El servidor público o la institución pública podrán rescindir en cualquier tiempo, por causa justificada, la relación laboral.

Artículo 93. Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para las instituciones públicas:

I. Engañar el servidor público con documentación o referencias falsas que le atribuyan capacidad, aptitudes o grados académicos de los que carezca. Esta causa dejará de tener efecto después de treinta días naturales de conocido el hecho;

II. Tener asignada más de una plaza en la misma o en diferentes instituciones públicas o dependencias, con las excepciones que esta ley señala, o bien cobrar un sueldo sin desempeñar funciones;

III. Incurrir durante sus labores en faltas de probidad u honradez, o bien en actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratos en contra de sus superiores, compañeros o familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio, salvo que obre en defensa propia;

IV. Incurrir en cuatro o más faltas de asistencia a sus labores sin causa justificada, dentro de un lapso de treinta días;

V. Abandonar las labores sin autorización previa o razón plenamente justificada, en contravención a lo establecido en las condiciones generales de trabajo;

VI. Causar daños intencionalmente a edificios, obras, equipo, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, o por sustraerlos en beneficio propio;

VII. Cometer actos inmorales durante el trabajo;

VIII. Revelar los asuntos confidenciales o reservados así calificados por la institución pública o dependencia donde labore, de los cuales tuviese conocimiento con motivo de su trabajo;

IX. Comprometer por su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que ahí se encuentren;

X. Desobedecer sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores, en relación al trabajo que desempeñe;

XI. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bien bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en éste último caso, exista prescripción médica, la que deberá presentar al superior jerárquico antes de iniciar las labores;

XII. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de éste lo exija;

XIII. Suspender las labores en el caso previsto en el artículo 176 de esta ley o suspenderlas sin la debida autorización;

XIV. Incumplir reiteradamente disposiciones establecidas en las condiciones generales de trabajo de la institución pública o dependencia respectiva que constituyan faltas graves;

XV. Ser condenado a prisión como resultado de una sentencia ejecutoriada;

XVI. Portar y hacer uso de credenciales de identificación no autorizadas por la autoridad competente;
XVII. Sustraer tarjetas o listas de puntualidad y asistencia del lugar designado para ello, ya sea la del propio servidor público o la de otro, utilizar o registrar asistencia con gafete-credencial o tarjeta distinto al suyo o alterar en cualquier forma los registros de control de puntualidad y asistencia, siempre y cuando no sea resultado de un error involuntario; y

XVIII. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere.

Artículo 94. La institución pública deberá dar aviso por escrito al servidor público de manera personal, de la fecha y causa o causas de la rescisión de la relación laboral.

En caso de que exista imposibilidad comprobada de entregar el aviso, o que el servidor público se negare a recibirlo, la institución pública o dependencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del Tribunal, proporcionando a éste el último domicilio que tenga registrado y solicitando sea notificado el servidor público.

La falta de aviso al servidor público o al Tribunal por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.

Artículo 95. Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el servidor público:

I. Engañarlo la institución pública o dependencia en relación a las condiciones en que se le ofreció el trabajo. Esta causa dejará de tener efecto después de 30 días naturales a partir de su incorporación al servicio;

II. Incurrir alguno de sus superiores jerárquicos o familiares de éstos en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, hostigamiento, malos tratos u otros análogos, en contra del servidor público, su cónyuge, concubina o concubinario, padres, hijos o hermanos;

III. Incumplir la institución pública o dependencia las condiciones laborales y salariales acordadas para el desempeño de sus funciones y las que estipula esta ley;

IV. Existir peligro grave para la seguridad o salud del servidor público por carecer de condiciones higiénicas en su lugar de trabajo o no cumplirse las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan;
V. No inscribirlo en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios o no cubrir a éste las aportaciones que le correspondan; y

VI. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes.

En estos casos, el servidor público podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas y tendrá derecho a que la institución pública lo indemnice con el importe de tres meses de sueldo y 20 días por cada año devengado cubriéndole las prestaciones a que tenga derecho.

Artículo 96. Cuando el servidor público considere injustificada la causa de rescisión de la relación laboral, o bien decida rescindirla con fundamento en el artículo anterior, podrá demandar ante el Tribunal que se le cubra la indemnización a que dicho artículo se refiere o, en el primer supuesto, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba.

Artículo 97. Las instituciones públicas o dependencias no estarán obligadas a reinstalar al servidor público, pero sí a cubrirle la indemnización correspondiente, cuando:

I. El servidor público cuente con una antigüedad menor a un año;

II. Se compruebe ante el Tribunal que el servidor público, en razón de su función, debe estar en contacto permanente y directo con su superior jerárquico y el Tribunal resuelva que esta situación entorpece el desarrollo normal de la relación de trabajo;

III. Se considere que la reinstalación del servidor público afecta la buena marcha de la unidad administrativa a la que está adscrito; o

IV. Se trate de servidores públicos por tiempo u obra determinados.


TITULO CUARTO
De las Obligaciones de las Instituciones Públicas

CAPITULO I
De las Obligaciones en General

Artículo 98. Son obligaciones de las instituciones públicas:

I. Preferir, en igualdad de circunstancias, a los mexiquenses para ocupar cargos o puestos;

II. Preferir, en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y antigüedad, a los servidores públicos sindicalizados, respecto de quienes no lo estuvieren, tratándose de puestos que deban ser ocupados por servidores públicos generales;
III. Pagar oportunamente los sueldos devengados por los servidores públicos;

IV. Establecer las medidas de seguridad e higiene para la prevención de riesgos de trabajo;

V. Reinstalar cuando proceda al servidor público y pagar los sueldos caídos a que fueren condenadas por laudo ejecutoriado. En caso de que la plaza que ocupaba haya sido suprimida, la institución pública estará obligada a otorgar otra plaza equivalente en categoría y sueldo, o bien a indemnizarlo en los términos que señala el artículo 95 último párrafo de esta ley;

VI. Cumplir oportunamente los laudos que dicte el Tribunal y pagar el monto de las indemnizaciones y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público;

VII. Proporcionar a los servidores públicos, los útiles, equipo y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los reglamentos a observar;

VIII. Cubrir las aportaciones del régimen de seguridad social que les correspondan, así como retener las cuotas y descuentos a cargo de los servidores públicos y enterarlos oportunamente en los términos que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios;

IX. Realizar actividades de capacitación y adiestramiento con el objeto de que los servidores públicos puedan adquirir conocimientos que les permitan obtener ascensos conforme al escalafón y desarrollar su aptitud profesional;

X. Conceder a los servidores públicos y a sus hijos, becas para la realización de estudios, conforme a las normas y convenios respectivos;

XI. Crear y operar sistemas de estímulos y recompensas para los servidores públicos conforme a las disposiciones que para tal efecto se emitan, a fin de motivar el mejoramiento de su desempeño;

XII. Conceder licencias a los servidores públicos generales para el desempeño de las comisiones sindicales que se les confieran, o cuando ocupen cargos de elección popular. Las licencias abarcarán todo el período para el que hayan sido electos y éste se computará como efectivo en el escalafón;

XIII. Publicar debidamente las vacantes ocurridas en la dependencia correspondiente;

XIV. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos para cuotas u otros conceptos siempre que se ajusten a lo establecido en esta ley. Asimismo, comunicar al sindicato las altas y bajas y demás información relativa a los servidores públicos sindicalizados para el ejercicio de los derechos que les correspondan; e

XV. Integrar los expedientes de los servidores públicos y proporcionar las constancias que éstos soliciten para el trámite de los asuntos de su interés en los términos que señalen los ordenamientos respectivos.


CAPITULO II
Del Sistema de Profesionalización de
los Servidores Públicos Generales

Artículo 99. Las instituciones públicas establecerán un sistema de profesionalización que permita el ingreso al servicio a los aspirantes más calificados, y garantice la estabilidad y movilidad laborales de los servidores públicos conforme a su desarrollo profesional y a sus méritos en el servicio.

Artículo 100. Los sistemas de profesionalización que establezcan las instituciones públicas deberán conformarse a partir de las siguientes bases:

I. Definición de un catálogo de puestos por institución pública o dependencia que deberá contener el perfil de cada uno de los existentes, los requisitos necesarios para desempeñarlos y el nivel salarial y escalafonario que les corresponde;

II. Implantación de un régimen escalafonario en el que se determinen las posibilidades de movimientos que tiene cada servidor público en la institución pública o dependencia, así como las alternativas de ascenso real dentro del escalafón y los medios y condiciones asociados al mismo;

III. Estructuración de programas de capacitación y desarrollo a corto, mediano y largo plazos y su vinculación con el régimen escalafonario; y

IV. Establecimiento de disposiciones para que los servidores públicos conozcan, desde su ingreso al servicio, sus posibilidades de desarrollo; asimismo, deberán contemplar los medios para el logro de ascensos y cuidar que los puestos sólo sean ocupados por quienes cumplan los requisitos establecidos, con el objeto de lograr la mayor eficiencia en la prestación del servicio público.

Artículo 101. Las instituciones públicas implantarán los programas de capacitación y desarrollo para los servidores públicos conforme a las necesidades de su función, del servicio y de los programas de ascenso escalafonario.

Artículo 102. La capacitación y el desarrollo tendrán por objeto:

I. Propiciar la superación individual y colectiva de los servidores públicos, mejorar la calidad de la prestación de los servicios y coadyuvar a su integración con los fines de la institución pública;

II. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del servidor público, así como proporcionarle información sobre la aplicación de nuevas tecnologías;
III. Preparar a los servidores públicos para ocupar puestos de mayor nivel;

IV. Prevenir riesgos de trabajo;

V. Incrementar la calidad y productividad; y

VI. Mejorar las aptitudes y actitudes de los servidores públicos.

Artículo 103. Las actividades de capacitación y desarrollo podrán impartirse a los servidores públicos dentro o fuera de su jornada laboral.

Durante el tiempo en que un servidor público de nuevo ingreso reciba la capacitación inicial para el empleo que va a desempeñar, prestará sus servicios conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en la institución pública o sus dependencias.

En caso de que el servidor público desee capacitarse en tareas distintas a las funciones que desempeña, la capacitación se realizará fuera de su jornada laboral.

Terminadas las actividades de capacitación y desarrollo, las instituciones públicas o las dependencias deberán expedir las constancias correspondientes.

Artículo 104. Los servidores públicos a quienes se imparta capacitación o desarrollo están obligados a:

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento;

II. Atender las indicaciones de quienes impartan la capacitación o adiestramiento y cumplir con los programas respectivos; y

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y aptitudes que sean requeridos.

Artículo 105. En cada institución pública, se constituirán comisiones mixtas de capacitación y desarrollo, integradas por igual número de representantes de los servidores públicos y de las instituciones públicas, las que serán presididas por el titular de la institución respectiva o por su representante.

Las comisiones mixtas de capacitación y desarrollo vigilarán la operación del sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el desarrollo de los servidores públicos y sugerirán las medidas tendientes a perfeccionarlos, conforme a las necesidades del servicio.

Los cargos en dichas comisiones serán desempeñados gratuitamente y su funcionamiento se regirá por su respectivo reglamento.

Artículo 106. Se entiende por escalafón el sistema para efectuar las promociones de ascensos de los servidores públicos, conforme a lo señalado en esta ley y en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Artículo 107. En cada institución pública se expedirá un reglamento de escalafón conforme a lo dispuesto en esta ley, en el que se regularán también las permutas. Este reglamento se formulará de común acuerdo entre la institución pública y el sindicato respectivo, en caso de existir esta representación.

Artículo 108. Los factores que deben ser tomados en cuenta, como mínimo, para establecer el sistema escalafonario son: preparación, eficiencia y antigüedad.

Para los efectos de esta ley se entiende como:

I. Preparación, los conocimientos y la formación académica o profesional acreditada satisfactoriamente, así como el dominio de los principios teóricos y prácticos que requiere el puesto a desempeñar;

II. Eficiencia, el grado de efectividad, empleo de aptitudes personales y aplicación de esfuerzo en el desempeño del puesto para el que el servidor público haya sido designado; y

III. Antigüedad, el tiempo efectivo de servicios prestados en cualquier institución pública, cuya relación laboral se rija por la presente ley. La antigüedad no se perderá por encontrarse en el desempeño de un cargo de elección popular, comisión sindical o puesto de confianza.

Los factores escalafonarios se evaluarán mediante los sistemas que se establezcan en los reglamentos de escalafón de cada institución pública, pero en ningún caso el factor antigüedad podrá tener mayor valor que la preparación y la eficiencia.

Artículo 109. Cada institución pública deberá clasificar escalafonariamente a sus servidores públicos según las categorías consignadas en los respectivos catálogos de puestos, y formar los escalafones de acuerdo a las bases establecidas en esta ley.

Artículo 110. En cada institución pública o dependencia funcionará una comisión mixta de escalafón que será presidida por el titular de la misma o por su representante, la cual será responsable de vigilar que el sistema de profesionalización se desarrolle de acuerdo a lo establecido en esta ley y demás ordenamientos aplicables. Estas comisiones estarán integradas por igual número de representantes de la institución pública o dependencia y de los servidores públicos.

Los miembros de las comisiones mixtas de escalafón desempeñarán sus funciones gratuitamente.

Artículo 111. Tendrán derecho a participar en los concursos para ascender, todos los servidores públicos que satisfagan los requisitos necesarios para ocupar el puesto, de acuerdo con el reglamento de escalafón correspondiente.

Artículo 112. Los ascensos para ocupar plazas vacantes se otorgarán a los servidores públicos que acrediten mayores derechos en la valoración y calificación de los factores escalafonarios y en orden preferencial tendrán prioridad los de la categoría inmediata inferior, quien acredite ser la única fuente de ingresos para su familia y cuando exista similitud de casos, se preferirá a quien acredite mayor tiempo de servicio en la dependencia.

Artículo 113. Las plazas vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupadas por riguroso escalafón, siempre y cuando el servidor público reúna los requisitos mínimos del puesto. Quienes sean ascendidos serán nombrados con carácter provisional, de tal modo que quien disfrute de la licencia, al regresar a sus labores, ocupe su plaza; en tal caso, se correrá en forma inversa el escalafón y el servidor público de la última categoría dejará de prestar sus servicios sin responsabilidad para la institución pública.

Artículo 114. Las facultades y atribuciones de las comisiones mixtas de escalafón se establecerán en los reglamentos respectivos.

Artículo 115. Los titulares de las instituciones públicas, proporcionarán a las comisiones mixtas de escalafón los medios administrativos y materiales necesarios para su eficaz funcionamiento, dándoles a conocer las vacantes dentro de los 10 días siguientes en que se presenten o se apruebe oficialmente la creación de plazas.

Artículo 116. Se entiende por permuta el cambio de un servidor público de un puesto de trabajo a otro, sin que se modifique la naturaleza del empleo original ni el sueldo que deba percibir.

Artículo 117. El procedimiento para resolver las permutas, así como las inconformidades de los afectados por trámites o movimientos escalafonarios, será previsto en los reglamentos respectivos.


CAPITULO III
De la Seguridad e Higiene en el Trabajo

Artículo 118. Con objeto de proteger la salud y la vida de los servidores públicos, así como prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de trabajo, las instituciones públicas establecerán y mantendrán las medidas de seguridad e higiene necesarias en sus centros de trabajo.

Artículo 119. Para los efectos contemplados en el artículo anterior se observarán las siguientes disposiciones:

I. Los reglamentos que en materia de seguridad e higiene expidan las instituciones públicas, contendrán las medidas necesarias para evitar los riesgos de trabajo;

II. La institución pública proveerá lo necesario para que los lugares donde desarrollen sus actividades los servidores públicos, cuenten con las condiciones de seguridad e higiene indispensables;

III. Durante la jornada laboral, los servidores públicos están obligados a someterse a las medidas profilácticas y exámenes médicos que señalen las leyes, las disposiciones de salud pública y las condiciones generales de trabajo de cada institución pública o dependencia; y

IV. En cada área de trabajo se deberá mantener en forma permanente, botiquines con las medicinas y el material de curación necesarios y suficientes para brindar primeros auxilios, así como adiestrar a servidores públicos para que los presten.

Artículo 120. Cuando la institución pública realice obras, acondicionará los lugares de trabajo para que se ajusten a las prescripciones que en materia de seguridad e higiene sean exigibles conforme a los ordenamientos legales respectivos y proporcionará a los servidores públicos todos los medios de protección adecuados a sus actividades.

Artículo 121. En cada institución pública o dependencia se instalará y funcionará una comisión mixta de seguridad e higiene, integrada por igual número de representantes de la institución pública y de los servidores públicos, la cual será presidida por el titular de la misma o su representante, y tendrá por objeto proponer medidas para prevenir los riesgos de trabajo y vigilar que éstas se adopten, así como investigar las causas de los accidentes de trabajo que se presenten. Las comisiones podrán estar apoyadas por las subcomisiones que sean necesarias.

Los miembros de las comisiones y subcomisiones desempeñarán sus funciones gratuitamente.

Artículo 122. Las facultades y atribuciones de las comisiones mixtas de seguridad e higiene se establecerán en los reglamentos respectivos.

Artículo 123. Los servidores públicos que no observen las disposiciones relativas a seguridad e higiene, serán sancionados conforme al reglamento respectivo.

Artículo 124. Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades a que están expuestos los servidores públicos en ejercicio o con motivo del trabajo.

Artículo 125. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente.

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el servidor público directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél.
Artículo 126. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el servidor público preste sus servicios.

Artículo 127. Serán consideradas enfermedades de trabajo las previstas en la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 128. Los riesgos de trabajo pueden ocasionar:

I. Incapacidad temporal;

II. Incapacidad permanente parcial;

III. Incapacidad permanente total; o

IV. Muerte.

Artículo 129. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo.

Artículo 130. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes físicas o psicológicas de una persona para trabajar.

Artículo 131. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes físicas o psicológicas de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo.

Artículo 132. El grado de incapacidad producido por los accidentes o enfermedades de trabajo será calificado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Artículo 133. Los riesgos de trabajo que sufran los servidores públicos se regularán en forma supletoria por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Si a los tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de trabajo el servidor público no está en aptitud de reincorporarse a sus labores, él mismo o la institución pública o dependencia en la que presta sus servicios, deberán solicitar al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios que resuelva sobre el grado de su incapacidad.

En caso de que dicho Instituto no dictamine su incapacidad permanente, el servidor público deberá someterse a revisión cada tres meses en un período máximo de un año, término en el que el Instituto deberá emitir dictamen sobre el grado de la incapacidad y, en su caso, la institución pública o dependencia deberá proceder a darlo de baja para que pueda gozar de la pensión por inhabilitación que le corresponda, independientemente del pago de la indemnización a que tenga derecho por el riesgo de trabajo sufrido.
Las licencias que con este motivo se concedan serán con goce de sueldo íntegro, mientras subsista la imposibilidad de trabajar, hasta que se dictamine la inhabilitación del servidor público.

Artículo 134. Al ocurrir un accidente de trabajo, la institución pública o dependencia deberá proporcionar de inmediato la atención médica que requiere el servidor público y dar aviso al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y a la Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social del Estado de México.

De no estar en posibilidades de proporcionar atención médica de urgencia en virtud de que no existan instalaciones cercanas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios o que la institución pública o dependencia no cuenten con servicio médico, éstas deberán cubrir el importe de la atención médica que tuvo que pagar el servidor público.

En los casos anteriores el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, deberá reembolsar a la institución pública o dependencia el importe que representó la atención médica de urgencia, previa comprobación de los gastos erogados, en los términos que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Artículo 135. Cuando el servidor público sufra una enfermedad grave durante la prestación de sus servicios, la institución pública o dependencia procederá en la forma que se contempla en el artículo anterior.

Artículo 136. Para la calificación de los accidentes y enfermedades de trabajo, así como para la fijación del monto de las indemnizaciones correspondientes, se estará a lo estipulado en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

En caso de muerte del servidor público la indemnización se pagará a sus beneficiarios en el orden y proporción en que formalmente hayan sido designados ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. De no existir esa designación, dicha indemnización se pagará conforme a la prelación que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Artículo 137. Los servidores públicos que sufran enfermedades por causas ajenas al servicio, previa determinación que haga el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, tendrán derecho a que se les conceda licencia para dejar de concurrir a sus labores en los siguientes términos:

I. Cuando tengan menos de un año de servicio se les podrá conceder licencia hasta por quince días con goce de sueldo íntegro; hasta quince días más, con medio sueldo; y hasta treinta días más, sin goce de sueldo;

II. Cuando tengan de uno a cinco años de servicio, hasta treinta días con goce de sueldo íntegro; hasta treinta días más, con medio sueldo; y hasta sesenta más, sin goce de sueldo;

III. Cuando tengan de cinco a diez años de servicio, hasta cuarenta y cinco días con goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta y cinco días más, con medio sueldo; y hasta noventa días más, sin goce de sueldo; y

IV. Cuando tengan diez o más años de servicio, hasta sesenta días, con goce de sueldo íntegro; hasta sesenta días más, con medio sueldo; y hasta ciento veinte días más, sin goce de sueldo.

Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por años de servicios continuos o cuando la interrupción en la prestación de dichos servicios no sea mayor de seis meses. Podrán gozar del beneficio señalado, de manera continua o discontinua, una sola vez cada año, contado a partir del momento en que tomaron posesión de su puesto.


TITULO QUINTO
De los Derechos Colectivos de
los Servidores Públicos

CAPITULO I
De la Organización Sindical

Artículo 138. Sindicato es la asociación de servidores públicos generales constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.

Las instituciones públicas en su conjunto, reconocerán como titulares de las relaciones colectivas de trabajo, únicamente a un sindicato de servidores públicos generales y a uno de maestros que serán los que cuenten con registro ante el Tribunal, así como a aquellos registrados que representen a los docentes en las instituciones de carácter educativo cuyo decreto de creación establezca su autonomía en su régimen sindical.

En el caso de los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado se reconoce a su sindicato nacional.

Se reconocerán asimismo, a los demás sindicatos de servidores públicos que, en su caso, se incorporen a la administración pública estatal con motivo de procesos de descentralización federal.

Artículo 139. Los servidores públicos de confianza no podrán ser miembros de los sindicatos. Cuando los servidores públicos sindicalizados desempeñen un puesto de confianza quedarán en suspenso todas sus obligaciones y derechos sindicales.

Artículo 140. Ningún servidor público podrá ser obligado a formar parte de un sindicato, o bien a no formar parte de él, pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de él, salvo que fueran expulsados.

Artículo 141. Los sindicatos deberán ser registrados ante el Tribunal, para cuyo efecto entregarán a éste, por duplicado, los siguientes documentos:

I. Acta de la asamblea constitutiva o copia de ella;

II. Estatutos del sindicato;

III. Lista de miembros que lo integran, con expresión del nombre de cada uno, estado civil, edad, puesto que desempeñan y sueldo que perciben; y

IV. Acta de la sesión en que se haya elegido la directiva o copia autorizada de aquélla.

El Tribunal al recibir la solicitud de registro constatará, por los medios legales, que en sus registros no existe otra asociación sindical y que la peticionaria cuenta con la mayoría de los servidores públicos para proceder, en su caso, al registro.

Artículo 142. Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de sindicatos, el Tribunal procederá a efectuar el mismo.

Si el Tribunal no resuelve sobre la solicitud de registro dentro de un término de sesenta días naturales, los solicitantes podrán requerirlo para que dicte resolución y si no lo hace dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación del requerimiento, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligado el Tribunal, dentro de los tres días hábiles siguientes, a expedir la constancia respectiva.

Artículo 143. El registro podrá negarse únicamente:

I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 138 de esta ley;

II. Si se constituyó en contravención a lo estipulado en esta ley; o

III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 141 de esta ley.

Artículo 144. Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos.

El registro del sindicato y de su directiva, otorgados por los tribunales competentes, produce efectos legales ante todas las autoridades.

Artículo 145. El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente:

I. En caso de disolución;

II. Por dejar de cubrir los requisitos legales; o
III. Por incurrir en los supuestos previstos en el artículo 156 de esta ley.

Artículo 146. Los sindicatos se disolverán por:

I. Voto de las dos terceras partes de los miembros que lo integren;

II. Dejar de reunir los supuestos señalados por el artículo 138 de esta ley; o

III. Transcurrir el término fijado en sus estatutos.

Artículo 147. Los sindicatos sólo estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía jurisdiccional.

En los casos previstos en el artículo 156 de esta ley, el Tribunal determinará la cancelación del registro de la directiva o del sindicato, según corresponda.

Artículo 148. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y actividades, así como a formular sus programas de acción.

Artículo 149. Los estatutos de los sindicatos deberán contener:

I. Denominación;

II. Domicilio;

III. Objeto;

IV. Duración; faltando esta disposición, se entenderá constituido el sindicato por tiempo indeterminado;

V. Requisitos para la admisión de miembros;

VI. Obligaciones y derechos de sus miembros;

VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias;

VIII. Procedimiento para elegir la directiva, número de sus miembros y período de duración de la directiva;

IX. Normas para la adquisición, administración y disposición de los bienes, patrimonio del sindicato;

X. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales;

XI. Mes en que deberán presentarse las cuentas;
XII. Normas para la liquidación del patrimonio; y

XIII. Las demás normas que apruebe la asamblea.

Artículo 150. Sólo podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los servidores públicos de nacionalidad mexicana, mayores de 18 años de edad.

Artículo 151. Las cláusulas de inclusión y de exclusión que, en su caso, fueran establecidas por los sindicatos no surtirán efecto alguno para las instituciones públicas o dependencias.

Artículo 152. Son obligaciones de los sindicatos:

I. Proporcionar los informes que en cumplimiento de esta ley solicite el Tribunal;

II. Comunicar al Tribunal, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los cambios que ocurrieren en su Comité Ejecutivo, las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufran sus estatutos;

III. Facilitar la labor del Tribunal en los conflictos que se ventilen ante el mismo, ya sean del sindicato o de sus miembros, proporcionándole la cooperación que les solicite; y

IV. Patrocinar y representar a sus miembros ante las instituciones, dependencias y el Tribunal, cuando les fuere solicitado por éstos.

Artículo 153. Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para:

I. Adquirir derechos y contraer obligaciones;

II. Adquirir bienes muebles e inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución; y

III. Defender, ante toda clase de autoridades, sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes.

Artículo 154. Los sindicatos representarán a sus miembros en la defensa de los derechos individuales y colectivos que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los agremiados para actuar o intervenir directamente, pudiendo cesar, a petición del servidor público representado por el sindicato la intervención de este último.

Artículo 155. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general y en los términos establecidos por sus estatutos.

Artículo 156. Queda prohibido a los sindicatos:
I. Hacer propaganda de carácter religioso;

II. Ejercer el comercio con fines de lucro; y

III. Usar violencia contra los servidores públicos para obligarlos a que se sindicalicen o a que voten a su favor en un recuento.

Artículo 157. Los actos realizados por las directivas de los sindicatos obligan a éstos, siempre que hayan actuado dentro de sus facultades.

Artículo 158. Los conflictos que surjan entre las instituciones públicas o dependencias y los sindicatos, entre éstos o en el interior de los mismos, serán resueltos por el Tribunal.

Artículo 159. Las retribuciones que se paguen a los empleados de los sindicatos y, en general, los gastos que origine el funcionamiento de éstos, serán con cargo a su patrimonio, cubiertos en todo caso por sus miembros.

Artículo 160. En caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará en la forma que lo determinen sus estatutos o la propia asamblea. A falta de disposición expresa, sus bienes muebles e inmuebles y en general, el activo de dichos sindicatos pasará a formar parte del patrimonio del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.


CAPITULO II
De la Huelga

Artículo 161. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por los servidores públicos generales en la forma y términos que esta ley establece.

Artículo 162. Declaración de huelga es la manifestación expresa de la voluntad de la mayoría de los servidores públicos generales de una institución pública de suspender las labores de acuerdo con los requisitos que establece esta ley.

Artículo 163. Los servidores públicos generales podrán hacer uso del derecho de huelga respecto de una o varias instituciones públicas, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que esta ley establece o las condiciones generales de trabajo de cada institución pública que afecten colectivamente a la mayoría de los servidores públicos.

Artículo 164. Para declarar una huelga se requiere:

I. Que se ajuste a los términos del artículo anterior de esta Ley; y

II. Que sea acordada por las dos terceras partes de los servidores públicos generales de la institución pública respectiva.

En todo caso la huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo.

Artículo 165. La huelga será legal cuando se cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 163 y 164 de esta ley.


CAPITULO III
Del Procedimiento de Huelga

Artículo 166. En el procedimiento de huelga se observarán las normas siguientes:

I. El presidente del Tribunal intervendrá personalmente en todas las resoluciones del procedimiento de huelga;

II. No serán admitidas las causas de excusa de los miembros del Tribunal ni se admitirán más incidentes que el de falta de personalidad que podrá promoverse por las instituciones públicas en el escrito de contestación del pliego petitorio, o por el sindicato dentro de las 48 horas siguientes a la en que se tenga conocimiento de la primera promoción de la institución pública respectiva; y

III. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si el Tribunal, una vez hecho el emplazamiento a la institución pública, observa que el asunto no es de su competencia, hará la declaratoria correspondiente.

Artículo 167. Antes de suspender las labores, el sindicato deberá presentar al Presidente del Tribunal su pliego de peticiones con la copia del acta de asamblea en que se haya acordado declarar la huelga. El Presidente, una vez recibido el escrito y sus anexos, dentro de un término de veinticuatro horas, declarará si el pliego es procedente o no. Si declara que es procedente por reunir los requisitos indispensables, correrá traslado con la copia de ellos al titular de la institución pública o dependencia a quien corresponda atender las peticiones demandadas, para que resuelva o conteste en el término de diez días hábiles, a partir de la notificación.

Artículo 168. Una vez concluido el término para contestar el pliego petitorio, el Tribunal citará a las partes a una audiencia de conciliación y ofrecimiento de pruebas dentro de los tres días hábiles siguientes, en la que procurará avenirlas, sin hacer declaración que prejuzgue sobre la legalidad de la huelga. Esta audiencia sólo podrá diferirse a petición de una de las partes y por una sola vez.

Artículo 169. La audiencia de conciliación y ofrecimiento de pruebas, se ajustará a las normas siguientes:

I. Si el sindicato no concurre a la audiencia, se entenderá que carece de interés en sus peticiones y se archivará el expediente como asunto concluido;
II. Si no concurre el titular de la institución pública o dependencia o su representante, se entenderá que no tiene interés en avenirse;

III. Habiendo concurrido ambas partes, el Tribunal procederá a avenirlas. De no llegar a un arreglo conciliatorio, procederá a recibir las pruebas que aporten para justificar la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga; y

IV. El Tribunal acordará, en su caso, el tiempo en que se deban desahogar las pruebas, cuyo término no podrá ser mayor a cinco días hábiles.

Artículo 170. En el proceso, el desahogo de pruebas tendrá por objeto demostrar, por parte del sindicato, las violaciones de las disposiciones legales que den origen a la huelga, y por parte de la institución pública, dependencia o tercer interesado, la ilegalidad o ilicitud de la huelga.

Artículo 171. Desahogadas las pruebas, el Tribunal resolverá sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. Si la declara legal, los servidores públicos podrán suspender las labores en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución. El sindicato deberá comunicar al Tribunal el día y la hora que se acuerden para la suspensión de labores.

Si la huelga es declarada ilegal, el Tribunal prevendrá al sindicato que los servidores públicos no deben suspender sus labores y que si lo hacen incurrirán en una causal de rescisión justificada, pudiéndose dictar las disposiciones tendientes a evitar la suspensión.

Artículo 172. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes del día y hora señalados por el sindicato, conforme a lo que establece el Artículo 171 de esta ley, o el sindicato no estalla la huelga en el día y hora señalados, el Tribunal declarará que no existe el estado de huelga y fijará a los servidores públicos un plazo de dos días hábiles para que reanuden sus labores, apercibiéndolos de que si no lo hacen, quedará rescindida su relación laboral sin responsabilidad para la institución pública. En caso de fuerza mayor o de error no imputable a los servidores públicos, se declarará que éstos no han incurrido en responsabilidad.

Artículo 173. Una vez suspendidas las labores, el Tribunal continuará tratando de avenir a las partes, citándolas al efecto cuantas veces estime pertinente.

Artículo 174. La huelga será declarada ilícita, cuando los huelguistas ejecuten actos violentos contra personas o propiedades, o cuando se dé en los casos a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 175. Si se ofrece como prueba el recuento de los servidores públicos se observarán las normas siguientes:

I. El Tribunal señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse;
II. Unicamente tendrán derecho a votar los servidores públicos sindicalizados de la institución pública que concurran al recuento, previa identificación;

III. Serán considerados servidores públicos los que hubiesen sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del pliego petitorio;

IV. No se computarán los votos de quienes hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del pliego petitorio, ni de quienes no tengan derecho a votar; y

V. Las objeciones a los servidores públicos que concurran al recuento, deberán hacerse en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso el Tribunal citará a una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas.

Artículo 176. Al resolverse que la huelga es legal, el Tribunal, a petición de las autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas presentadas, fijará el número de servidores públicos que los huelguistas estarán obligados a mantener en el desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya suspensión perjudique la estabilidad de las instituciones públicas, la conservación de las instalaciones, o bien signifique un peligro para la salud pública o la suspensión de los servicios públicos. Dichos servidores públicos gozarán de la retribución que les corresponda por su trabajo.

Artículo 177. Si los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados en el artículo anterior, la institución pública podrá utilizar otros servidores públicos. El Tribunal, en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan prestarse dichos servicios.

Artículo 178. La huelga terminará por:

I. Avenencia entre las partes en conflicto;

II. Desistimiento por acuerdo de la asamblea, tomado por las dos terceras partes de los servidores públicos sindicalizados, llevada a cabo en los términos que lo determinen sus estatutos internos;

III. Declaración de inexistencia por ilegalidad o ilicitud;

IV. Laudo del Tribunal; o

V. Allanamiento por parte de la institución pública, en cuyo caso el Tribunal dará vista al Sindicato para que manifieste lo que a su interés convenga. Desahogada ésta, el Tribunal resolverá lo conducente.

Artículo 179. En tanto la huelga no sea declarada inexistente, ilegal, ilícita o terminada, el Tribunal y las autoridades deberán respetar el derecho que ejerzan los servidores públicos dándoles las garantías y prestándoles el auxilio que soliciten.


TITULO SEXTO
De las Prescripciones

CAPITULO UNICO

Artículo 180. Las acciones que se deriven de esta ley, de los actos que den origen a la relación laboral y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en las siguientes fracciones:

I. En un mes:

a) Las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento, a partir de la fecha de su vigencia; y

b) Las acciones de los servidores públicos para ejercitar el derecho a ocupar el puesto que hayan dejado por accidente o por enfermedad, contando el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo.

II. En dos meses:

a) En caso de suspensión o despido injustificados, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley concede, contados a partir del día siguiente al de la fecha del despido o suspensión.

III. En cuatro meses:

a) Las acciones de los servidores públicos para rescindir la relación laboral, a partir del día siguiente a aquél en que ocurra el hecho que da origen a la rescisión o tengan conocimiento del mismo;

b) Las acciones de los titulares de las instituciones públicas o dependencias para rescindir la relación laboral, desde el día siguiente en que sean conocidas las causas;

c) En caso de supresión de plazas, las acciones para que se otorgue otra equivalente a la suprimida o la indemnización de ley, a partir del día siguiente de que se informe; y

d) La aplicación de medidas disciplinarias a sus servidores públicos, contando el término desde que sean conocidas las causas.

IV. En dos años:

a) Las acciones de los servidores públicos para reclamar indemnizaciones por riesgos de trabajo;

b) Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los servidores públicos fallecidos con motivo de un riesgo de trabajo, para reclamar la indemnización correspondiente; y

c) Las acciones para ejecutar los laudos del Tribunal.

Los plazos para ejercitar las acciones a que se refiere esta fracción correrán, desde el momento en que se determine la naturaleza del riesgo de trabajo, desde la fecha de la muerte del servidor público o desde que sea ejecutable el laudo dictado por el Tribunal, respectivamente.

Artículo 181. La prescripción no puede comenzar ni correr:

I. Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley; y

II. Durante el tiempo en que el servidor público se encuentre privado de su libertad, siempre que haya sido absuelto por sentencia ejecutoriada.

Artículo 182. La prescripción se interrumpe:

I. Por la presentación de la demanda respectiva ante el Tribunal; o

II. Si la institución pública o el servidor público a cuyo favor corre la prescripción, reconoce el derecho de aquélla contra quien prescribe, por escrito o por hechos indubitables.

Artículo 183. Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les correspondan; el primer día se contará completo y cuando el último sea inhábil, no se tendrá completa la prescripción, sino cumplido el primer día hábil siguiente.


TITULO SEPTIMO
Del Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje y del Proceso y Procedimientos

CAPITULO I
Del Tribunal Estatal de Conciliación
y Arbitraje

Artículo 184. Para conocer y resolver los conflictos laborales individuales y colectivos que se presenten entre los sujetos de esta ley, funcionará como órgano autónomo y dotado de plena jurisdicción, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Artículo 185. El Tribunal será competente para:

I. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales que se susciten entre las instituciones públicas o dependencias y sus servidores públicos;

II. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, los conflictos colectivos que surjan entre las instituciones públicas o dependencias y las organizaciones sindicales;

III. Conceder el registro de los sindicatos y, en su caso, dictar la cancelación de los mismos;

IV. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos internos de los sindicatos y de los intersindicales;

V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo, de los estatutos de los sindicatos, así como de aquellos otros documentos que por su naturaleza deban obrar en los registros del Tribunal; y

VI. Conocer de cualquier otro asunto relativo, derivado o directamente vinculado con las relaciones de trabajo.

Artículo 186. El Tribunal se integrará por un representante de cada uno de los poderes públicos del Estado, un representante de cada uno de los sindicatos mayoritarios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 138 de esta Ley, un representante de los ayuntamientos de la entidad que será el del municipio de residencia del Tribunal y un árbitro designado por la mayoría de los representantes, quien fungirá como presidente, y durará en su cargo un término máximo de seis años.

Con excepción del presidente, cada uno de los representantes contará con un suplente.

Artículo 187. Para ser presidente del Tribunal se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano, mayor de treinta años de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Tener título de licenciado en derecho, legalmente expedido;

III. Tener cinco años de ejercicio profesional posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho;

IV. Haberse distinguido en estudios del trabajo o de la seguridad social;

V. No ser ministro de algún culto religioso;

VI. Gozar de buena reputación; y

VII. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal.

Artículo 188. El Tribunal funcionará en pleno y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de ausencia de alguno de ellos, los votos de los ausentes se sumarán al del presidente.

Artículo 189. Para su debido funcionamiento el Tribunal contará con los secretarios generales, auxiliares, secretarios, actuarios y demás servidores públicos que sean necesarios.

Los integrantes y demás servidores públicos del Tribunal tendrán las facultades y obligaciones que se determinen en su reglamento interior. Los integrantes del Tribunal durarán en su encargo como término máximo seis años, tratándose de los poderes públicos del Estado; los representantes de los sindicatos y de los ayuntamientos lo serán por un período máximo de tres años, pudiendo ser redesignados por sus representados. En todo caso, la designación se hará de conformidad con sus normas internas.

Artículo 190. El presidente del Tribunal, los representantes, los secretarios y los auxiliares, están impedidos para conocer de los juicios en los que intervengan por:

I. Tener parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, o civil, con cualquiera de las partes;

II. Tener los parentescos señalados en la fracción anterior dentro del segundo grado con el representante legal o apoderado de cualquiera de las partes;

III. Tener interés personal directo o indirecto en el juicio;

IV. Haber sido de alguna de las partes o de su cónyuge, litigante, abogado, apoderado, perito, testigo, denunciante, querellante o acusador; y

V. Ser tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela de alguna de las partes o de sus representantes.

De darse alguno de los casos previstos en este artículo, procederá la excusa de conocer de los juicios en que se intervenga, salvo que se trate de lo dispuesto en el artículo 166 de esta ley. La excusa planteada será resuelta de inmediato por el pleno del Tribunal.


CAPITULO II
De los Principios Procesales

Artículo 191. El proceso será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.

El Tribunal estará obligado a subsanar la demanda del servidor público cuando éste no solicite todas las prestaciones que legalmente puedan derivarse de los hechos.

Cuando la demanda sea irregular, defectuosa u omisa o contenga acciones contradictorias, se procederá en los términos previstos en el artículo 230 de esta ley.

Artículo 192. El Tribunal ordenará que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notare en la substanciación del proceso para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que pueda revocar sus propias resoluciones.

Artículo 193. Lo no previsto en este título en materia procesal se regulará por las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, aplicadas supletoriamente y por los principios generales del derecho y de justicia social.

Artículo 194. Cuando el conflicto afecte la prestación de servicios públicos de comunicaciones y transportes, los de luz y energía eléctrica, los de limpieza, los de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las poblaciones, los de gas, los sanitarios, los de hospitales, los de cementerios y los de alimentación, cuando se refieran a artículos de primera necesidad, el Tribunal podrá tomar todas las medidas que estime pertinentes para evitar trastornos en los mismos.


CAPITULO III
De la Capacidad y Personalidad

Artículo 195. Son partes en el proceso, los servidores públicos, las instituciones públicas o las dependencias, los sindicatos reconocidos ante el Tribunal y, en general, quien acredite tener interés jurídico.

Los terceros interesados podrán intervenir en el proceso comprobando su interés jurídico en el mismo o cuando sean llamados por el Tribunal.

Los servidores públicos, mayores de 16 años, tienen capacidad por sí mismos para comparecer a juicio; pero, en caso de no estar asesorados, el Tribunal solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Artículo 196. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado autorizado, acreditando, en este último caso, su personalidad.

Los representantes de los sindicatos, acreditarán su personalidad con la certificación de la toma de nota que al respecto les extienda el tribunal competente.

Tratándose de apoderados, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas:

I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder, firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal;

II. Cuando el compareciente actúe como representante de las instituciones públicas o dependencias o de sus titulares, deberá hacerlo mediante oficio o carta poder debidamente firmada por quien tenga facultades para ello;

III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de los sindicatos, deberá acreditar su personalidad en iguales términos que la fracción anterior, adjuntando el documento que acredite la personalidad de quien otorga el poder;

IV. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, distinta a las instituciones públicas o dependencias, deberá acreditar su personalidad mediante poder notarial; y

V. El poder que otorgue el servidor público para ser representado, se entenderá conferido para demandar todas las prestaciones principales y accesorias que correspondan, aunque no se exprese.

Artículo 197. El Tribunal podrá tener por acreditada la personalidad de las partes, sin sujetarse a las reglas de derecho común, siempre que los documentos exhibidos lleven al convencimiento, de que efectivamente se representa a la parte interesada.

Artículo 198. Los servidores públicos, las instituciones y los sindicatos podrán otorgar poder mediante simple comparecencia, previa identificación ante el Tribunal para que los representen ante cualquier autoridad del trabajo.

Artículo 199. Siempre que dos o más personas ejerciten la misma acción u opongan la misma excepción en un mismo juicio, deberán litigar unidas y con una representación común, salvo que los colitigantes tengan intereses diferentes u opuestos. Si se trata de las partes actoras, el nombramiento del representante común deberá hacerse en el escrito de demanda o en la audiencia de conciliación, demanda, excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas. Si se trata de las demandadas, el nombramiento se hará en el escrito de contestación o en la audiencia a que se ha hecho mención.

El representante común tendrá los derechos, obligaciones y responsabilidades inherentes a un mandatario judicial.

CAPITLO IV
De la Competencia

Artículo 200. Cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen, el Tribunal, de oficio, deberá declararse incompetente en cualquier estado del proceso, hasta antes de ser declarado el cierre de la instrucción. Si el Tribunal se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que estime competente o, en su caso, a la que deba decidir la competencia.

Artículo 201. Las cuestiones de competencia sólo pueden promoverse por declinatoria.

La declinatoria deberá promoverse al iniciarse el período de demanda y excepciones en la audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se funde. El Tribunal, después de oír a las partes y recibir las pruebas que estime conveniente, las que deberán referirse exclusivamente a la cuestión de incompetencia, dictará en el acto resolución.

Será nulo todo lo actuado ante el Tribunal incompetente, salvo el acto de admisión de la demanda.


CAPITULO V
De las Actuaciones del Tribunal

Artículo 202. Las actuaciones del Tribunal deben practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad.
Son días hábiles todos los del año con excepción de los sábados y los domingos, los de descanso obligatorio que señale el calendario oficial y aquéllos en que el Tribunal suspenda sus labores.

Son horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las diecinueve horas, salvo en el caso del procedimiento de huelga, en el que todos los días y horas son hábiles.

Artículo 203. El Tribunal, el presidente o los auxiliares, pueden habilitar los días y horas necesarios para que se practiquen diligencias cuando haya causa justificada, expresando concreta y claramente cuál es ésta, así como las diligencias que hayan de practicarse.

La audiencia o diligencia que se inicie en día y hora hábil, podrá continuarse hasta su terminación sin suspenderla y sin necesidad de habilitación expresa. En caso de que se suspenda deberá continuarse al siguiente día hábil. El Tribunal hará constar en autos, la razón de la suspensión.

Cuando en la fecha señalada no se hubiere llevado a cabo la práctica de alguna diligencia o audiencia, se asentará constancia de las causas que lo originaron, y el Tribunal señalará día y hora para que tenga lugar la misma.

Artículo 204. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros servidores públicos del Tribunal. Lo actuado en la audiencia se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervengan, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante del Tribunal omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente, se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las partes comparecientes.

Artículo 205. Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados o cualquier persona ante el Tribunal, las harán bajo protesta de decir verdad y con apercibimiento de las penas en que incurren si declaran falsamente ante la autoridad.

Las declaraciones de peritos en derecho serán rendidas bajo protesta de decir verdad, sin que se requiera apercibimiento alguno.

Artículo 206. En caso de extravío o desaparición del expediente o de alguna constancia, el secretario, previo informe del archivista, certificará la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de las actuaciones. El Tribunal, a petición de parte o de oficio, lo hará del conocimiento de las partes, procederá a practicar las investigaciones del caso y a tramitar de inmediato la reposición de los autos en forma incidental.

Artículo 207. En el caso del artículo anterior, el Tribunal señalará, dentro de las setenta y dos horas hábiles siguientes, día y hora para que tenga lugar una audiencia en la que las partes deberán aportar todos los elementos, constancias y copias que obren en su poder. El Tribunal podrá ordenar se practiquen aquellas actuaciones y diligencias necesarias para reponer los autos teniendo en cuenta, en su caso, la existencia de alguna certificación de lo actuado. Si el Tribunal considera que hubo la comisión de algún delito, dará vista al Ministerio Público.

Artículo 208. Para mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias o diligencias y exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos el presidente del Tribunal o los auxiliares, podrán imponer las siguientes correcciones disciplinarias:

I. Amonestación;

II. Multa que no podrá exceder de diez veces el salario mínimo general, vigente en el lugar y tiempo en que se cometa la violación; y

III. Expulsión del local del Tribunal. La persona que se resista a cumplir la orden, será desalojada del local con auxilio de la fuerza pública.

Artículo 209. Para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia sea indispensable, o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, el presidente del Tribunal y los auxiliares podrán emplear conjunta o indistintamente cualquiera de los siguientes medios de apremio:

I. Multa que no excederá de diez veces el salario mínimo general vigente, en el lugar y tiempo en que se cometió la infracción;

II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y

III. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 210. Las medidas disciplinarias y medios de apremio se impondrán de plano, sin substanciación alguna, y deberán estar fundadas y motivadas.


CAPITULO VI
De los Términos Procesales

Artículo 211. Los términos comenzarán a correr al día siguiente en que surta efectos la notificación, y se contará completo el día de su vencimiento.

Artículo 212. Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera del lugar de residencia del Tribunal, éste podrá ampliar el término de que se trate, en función de la distancia a razón de un día por cada 100 kilómetros.


CAPITULO VII
De las Notificaciones

Artículo 213. Las partes en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio dentro del lugar de residencia del Tribunal para recibir notificaciones; si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por estrados o boletín laboral.

Artículo 214. Se harán personalmente las notificaciones siguientes:

I. El emplazamiento a juicio, y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo;

II. El auto de radicación del juicio, en los expedientes que les remitan otras autoridades;

III. La resolución en la que el Tribunal se declare incompetente;

IV. El auto de recepción de la sentencia de amparo;

V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal;

VI. El auto que cite a absolver posiciones;

VII. La resolución que deban conocer los terceros extraños a juicio;

VIII. El laudo;

IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el servidor público sea reinstalado;

X. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones;

XI. El acuerdo que prevenga al actor a aclarar su demanda en los términos del artículo 230 de esta ley; y

XII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del Tribunal.

Artículo 215. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes:

I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. Tratándose de instituciones públicas o dependencias o de sus titulares, así como de los sindicatos, además, el actuario también se cerciorará de que es su sede, residencia o domicilio oficial, respectivamente, bajo su más estricta responsabilidad;

II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución entregando copia de la misma. Si se trata de representante de la institución o dependencia o de sus titulares, así como de los sindicatos, el actuario se asegurará de que la persona con que se entienda la diligencia tenga ese carácter;

III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada;

IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, sede o residencia; y si éstos estuvieran cerrados, se fijará en la puerta de entrada una copia de la resolución y, en su caso, de la demanda respectiva; y

V. Si en la casa, sede, residencia o local, designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien entienda la diligencia a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución y, en su caso, de la demanda respectiva.

La notificación surtirá sus efectos al día siguiente en que se practique.

En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con precisión los elementos de convicción en que se apoye.


CAPITULO VIII
De los Incidentes

Artículo 216. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve.
Artículo 217. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento, las siguientes cuestiones:

I. Nulidad;

II. Competencia;

III. Personalidad;

IV. Acumulación; y

V. Excusa.

Artículo 218. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, el tribunal substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes, continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusa, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá.


CAPITULO IX
De las Pruebas

Artículo 219. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral, al derecho o a las buenas costumbres, y en especial los siguientes:

I. Confesional;

II. Documental;

III. Testimonial;

IV. Pericial;

V. Inspección;

VI. Presuncional;

VII. Instrumental de actuaciones; y

VIII. Cualquier otro medio de prueba que aporten los descubrimientos de la ciencia y de la técnica.

Artículo 220. Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes.
Artículo 221. El Tribunal eximirá de la carga de la prueba al servidor público, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Para tal efecto requerirá a las instituciones públicas o dependencias para que exhiban los documentos que, de acuerdo a la ley respectiva, tienen la obligación legal de conservar, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el servidor público. En todo caso, corresponderá a las instituciones públicas o dependencias probar su dicho cuando exista controversia sobre:

I. Fecha de ingreso del servidor público;

II. Antigüedad del servidor público;

III. Faltas de asistencia del servidor público;

IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;

V. Terminación de la relación o contrato de trabajo por tiempo u obra determinados;

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al servidor público de la fecha y causa de su rescisión;

VII. Nombramiento o contrato de trabajo;

VIII. Duración de la Jornada de trabajo;

IX. Pagos de días de descanso;

X. Disfrute y pago de las vacaciones; y

XI. Monto y pago de sueldos y demás prestaciones.

Artículo 222. Las pruebas deberán ofrecerse en la misma audiencia, salvo que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan valer en contra de los testigos, o de la veracidad de los documentos que se exhiban en el momento del desahogo de la inspección ocular.

Artículo 223. El Tribunal podrá ordenar, con citación de las partes el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios y peritos, y en general practicar las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad, y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate.

Artículo 224. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, está obligada a declararlos o aportarlos, cuando sea requerida por el Tribunal.


CAPITULO X
Del Procedimiento Laboral

Artículo 225. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos, con excepción de la huelga cuya tramitación se sujetará al procedimiento especial que en esta ley se contempla.

Artículo 226. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal, la que lo turnará al auxiliar que corresponda el mismo día antes de que concluyan las labores.

Artículo 227. La demanda se formulará por escrito debidamente firmado y se acompañarán tantas copias de la misma como demandados haya. La demanda deberá contener:

I. Nombre y domicilio del promovente;

II. Nombre y domicilio del demandado o demandados;

III. Objeto de la demanda;

IV. Relación de los hechos;

V. Documentos probatorios; o

VI. Indicación del lugar en que puedan obtenerse los que el actor no pudiese aportar directamente.

Artículo 228. Cuando el servidor público ignore el nombre del titular de la institución pública o dependencia, o la denominación exacta del centro de trabajo donde labora o laboró, deberá precisar en su escrito inicial de demanda, al menos el domicilio de la institución pública o dependencia en donde prestó o presta sus servicios.

Artículo 229. El Tribunal dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la demanda, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas. En este acuerdo ordenará que se notifique personalmente a las partes con 10 días hábiles de anticipación a la fecha de la audiencia y se entregue al demandado copia cotejada de la demanda, para que la conteste, apercibiéndolo de tenerlo por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurre a la audiencia.

La audiencia señalada deberá efectuarse en un término no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día en que se haya dictado el acuerdo que la fija.

Durante la tramitación de los conflictos individuales bastará la presencia del presidente del Tribunal o del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y dictará las resoluciones que procedan, salvo las que versen sobre personalidad, competencia y admisión de pruebas, casos en los que citará a los integrantes del Tribunal para dictar la resolución correspondiente.

Artículo 230. Cuando el actor sea un servidor público o sus beneficiarios; el Tribunal, en caso de alguna irregularidad en la demanda, señalará los defectos u omisiones en que hubiere incurrido y hará la prevención para que se subsanen dentro del término de cinco días hábiles, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por reproducido el escrito inicial.

Artículo 231. La falta de notificación de alguno de los demandados obliga al Tribunal a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a ella o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hubieran sido notificados.

Las partes que comparezcan a la audiencia quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración. A las partes que habiendo sido notificadas no concurran a la audiencia, se les notificará por estrados o por boletín la nueva fecha de la audiencia, y a las que no fueron notificadas se les hará personalmente.

Artículo 232. La audiencia a que se refiere el artículo 229 de esta ley constará de tres etapas:

I. De conciliación;

II. De demanda y excepciones, y

III. De ofrecimiento y admisión de pruebas.

La audiencia se iniciará con o sin la comparecencia de las partes. Las ausentes podrán intervenir cuando se presenten, siempre que el Tribunal no haya emitido el acuerdo correspondiente.

Artículo 233. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma:

I. Las partes podrán comparecer ante el Tribunal personalmente o por medio de su apoderado o representante legal;

II. El Tribunal intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y las exhortará, para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio;

III. Si las partes llegan a un acuerdo se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo, aprobado por el Tribunal, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo;

IV. Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar que se suspenda la audiencia con el objeto de conciliarse. El Tribunal podrá suspenderla y fijará su reanudación, dentro de los cinco días hábiles siguientes, quedando notificadas las partes de la nueva fecha con los apercibimientos de ley; y

V. Si las partes no concurren o no llegaren a un acuerdo, se les tendrá por inconformes con todo arreglo conciliatorio y se pasará a la etapa de demanda y excepciones.

Artículo 234. La etapa de demanda y excepciones se desarrollará conforme a las normas siguientes:

I. El actor ratificará o modificará su demanda precisando los puntos petitorios. En este último caso, el demandado podrá solicitar la suspensión de la audiencia, la que deberá continuarse en su estado dentro de los cinco días hábiles siguientes para contestar la demanda con sus modificaciones;

II. Ratificada la demanda, el demandado procederá a contestarla oralmente o por escrito. En este último caso, estará obligado a entregar al actor copia simple de su contestación; si no lo hace, el Tribunal la expedirá a costa del demandado;

III. En su contestación, el demandado podrá hacer valer sus excepciones y oponer sus defensas, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, expresando los que ignore cuando no sean propios, y podrá agregar las explicaciones que estime convenientes. El silencio o las evasivas harán que se tengan por admitidos aquéllos sobre los que no se suscite controversia y no podrá admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho;

IV. La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda en la misma audiencia; si no lo hace y el Tribunal se declara competente, se tendrá por confesada la demanda;

V. Las partes podrán por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren;

VI. Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de inmediato, o bien a solicitud del mismo, el Tribunal acordará la suspensión de la audiencia y señalará para su continuación una fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes; y

VII. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción.

Artículo 235. La etapa de demanda y excepciones se llevará a cabo aun cuando no concurran las partes. Si el actor no comparece a la audiencia, se tendrá por reproducido en vía de demanda su escrito inicial. Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda.

Artículo 236. Al concluir la etapa de demanda y excepciones se pasará inmediatamente a la de ofrecimiento y admisión de pruebas.

Artículo 237. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes:

I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte, y aquél, a su vez, podrá objetar las del demandado;

II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. En el caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los diez días hábiles siguientes, a fin de preparar, dentro de este lapso, las pruebas correspondientes a tales hechos; y

III. Concluido el ofrecimiento de pruebas, el Tribunal resolverá inmediatamente sobre su admisión.

Artículo 238. El Tribunal, una vez agotada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalará en el mismo acuerdo el día y la hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas la que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta ley.
En el desahogo de las pruebas se procurará que se reciban primero las del actor y después las del demandado, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas.

Artículo 239. Cuando las pruebas sean documentos que se hayan solicitado a autoridades diversas y no se hubieran remitido, el Tribunal las requerirá para que las envíen.

Artículo 240. Las pruebas confesional y testimonial se ofrecerán y desahogarán conforme a lo siguiente: Se podrá solicitar que se cite a absolver posiciones u ofrecer testimonio personalmente, a quienes ejerzan funciones de representación de la institución pública o dependencia, o de representación de sus titulares, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos.

Cuando se trate de los titulares de las instituciones públicas, dependencias o unidades administrativas, estas pruebas se desahogarán por oficio.
Artículo 241. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia o en un término de 48 horas, podrán formular sus alegatos.

Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se procederá a dictar resolución, en una sesión del pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días.

Artículo 243. En la sesión en que se dicte resolución se observarán las siguientes reglas:

I. El presidente dará lectura a su propuesta de laudo;

II. Acto seguido se abrirá, en su caso, la discusión correspondiente; y

III. Finalmente el presidente recogerá la votación y declarará el resultado.

Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el Presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado.

Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes.

Artículo 245. Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen.

Artículo 246. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente.

Artículo 247. Si alguno o todos los representantes ante el Tribunal se negaren a votar o firmar una resolución, serán requeridos por el secretario, quien les indicará las responsabilidades en que incurren si no lo hacen, las cuales estarán previstas en el propio reglamento interior del Tribunal.

Artículo 248. Si el laudo fuera condenatorio, las partes podrán convenir los términos y las modalidades para su cumplimiento.

Artículo 249. Contra el laudo dictado por el Tribunal, no procede recurso alguno.

CAPITULO XI
De la Ejecución

Artículo 250. Las disposiciones de este capítulo rigen para la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal, y para los convenios celebrados ante el mismo.
Artículo 251. La ejecución de los laudos y convenios corresponde al presidente del Tribunal, a cuyo fin dictará las medidas necesarias, para que la ejecución sea pronta y expedita.

Artículo 252. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al servidor público, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente.

Artículo 253. En caso de incumplimiento del laudo en los términos y modalidades establecidos, el Tribunal, a petición de la parte interesada, dictará auto para requerir su cumplimiento y, en su caso, practicar las diligencias de embargo.

Artículo 254. La diligencia de requerimiento de pago y embargo se practicará en el domicilio de la institución pública o dependencia demandada, previa citación de su titular o su representante legal; si éste no estuviese el día y hora fijados, la diligencia se practicará con el servidor público que se encuentre presente.

Artículo 255. En las diligencias de requerimiento de pago y embargo, el actuario asegurará el crédito que ampare el laudo, con intervención a los recursos en efectivo de la institución pública o dependencia de que se trate.

Artículo 256. El actuario dará cuenta de la diligencia al Tribunal quién girará oficio al titular de la institución pública o dependencia responsable de administrar dichos recursos, quien a su vez tendrá la obligación de entregar el importe de los recursos embargados al acreedor, en un plazo no mayor de quince días hábiles, remitiendo copia del recibo al propio Tribunal para que se archive el expediente como asunto concluido.


T R A N S I T O R I O S

ARTICULO PRIMERO. Publíquese la presente ley en la "Gaceta del Gobierno".

ARTICULO SEGUNDO. La presente ley entrará en vigor cinco días hábiles después de su publicación en la "Gaceta del Gobierno".

ARTICULO TERCERO. Se abroga el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, publicado en la "Gaceta del Gobierno" el 30 de agosto de 1939 y todas aquellas disposiciones sobre la materia que contravengan esta ley.

ARTICULO CUARTO. Todas aquellas disposiciones reglamentarias de carácter laboral, así como las condiciones generales de trabajo que se encuentren vigentes, deberán adecuarse a la presente ley o expedirse, en su caso, en un plazo no mayor de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la fecha en que entre en vigor la misma.

ARTICULO QUINTO. Cualquier asunto en trámite se sustanciará hasta su conclusión, de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes hasta antes de entrar en vigor la presente ley.

ARTICULO SEXTO. Toda referencia que se haga en otros ordenamientos jurídicos al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal que se abroga, se entenderá que es a esta ley.

ARTICULO SEPTIMO. Los servidores públicos federales que, con motivo de procesos de descentralización de instituciones o dependencias federales pasen a formar parte de instituciones públicas o dependencias estatales o municipales, podrán ser sujetos de esta ley y gozarán de todos los derechos y obligaciones que la misma impone si así lo establecieran los decretos, acuerdos o convenios que den origen o fundamento a la transferencia. Lo anterior, sin perjuicio de respetar las modalidades que en los mismos se establezcan en materias sindical y de seguridad social.

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO, HACIENDO QUE SE PUBLIQUE Y SE CUMPLA.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los catorce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.- Diputado Presidente.- C. Sergio Rojas Andersen.- Diputado Secretarios.- C. José Eustacio Guadarrama Trejo.- C. Carlos Cadena Corona.- Rúbricas.
Por tanto mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, Méx., a 23 de octubre de 1998.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO

LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

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Revisado: Tuesday, 15 de September de 2009 03:24:18 AM