Con este nuevo marco constitucional -producto de las ideas de los distintos partidos políticos-, México reconoce con responsabilidad y compromiso los tratados internacionales que ha firmado en esta materia, quedando estipulado también la prohibición de celebrar cualquier otro que altere los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de los que el país sea parte. El que a nivel constitucional el término derechos humanos sustituya al de “garantías individuales”, no representa un simple cambio de palabras, sino que por fin, el Estado mexicano dejará de “otorgar” y reconocerá estos derechos como algo inherente a la persona humana, por lo que no podrán ser sujetos de revocación, salvo casos graves y previstos en la misma Carta Magna. De llegar a presentarse el caso, existe un catálogo de los derechos que no pueden restringirse como el derecho a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la protección de la familia, a las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar una creencia religiosa, los derechos del niño, las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos y la prohibición de la pena de muerte, la desaparición forzada y la tortura.
Gracias a este importante avance, el respeto a los derechos humanos no quedará a merced del mandatario en turno como ocurría en el México del pasado, ya que con la reforma al artículo 29 en materia de suspensión de garantías, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte regularán bajo estrictos controles los casos en que el Ejecutivo recurra a ese mecanismo. Además, se garantiza la elección de la disposición jurídica que resulte más favorable a los derechos de la persona, sin importar que ésta sea de menor jerarquía que otra aplicable al mismo caso, es decir, el Estado de derecho centrará su actuar en respetar y asegurar, ante todo, la dignidad de cualquier persona. También es de celebrar la enunciación de los derechos humanos en el eje de la educación, el sistema penitenciario y de la política exterior. Esta reforma que recibió el beneplácito y el reconocimiento de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), plasma el entendido de que los derechos de los seres humanos no pueden estar sujetos a límites territoriales, por lo que con la modificación del artículo 33 se garantiza el derecho de audiencia de las personas extranjeras a quienes se pretenda expulsar de nuestro territorio.
En varias discusiones se había expresado la necesidad de otorgar mayor autonomía a los organismos de protección a los derechos humanos, hoy con dicha reforma se otorga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la facultad de investigación en casos graves de violaciones a los derechos humanos, cuya responsabilidad recaía exclusivamente en la Suprema Corte. Con las nuevas atribuciones, la comisión puede obligar a todo servidor público a responder sobre las recomendaciones que ésta emita, y tiene el poder, en su caso, para asegurar que dichos funcionarios fundamenten y hagan pública su negativa. Con ello, ningún funcionario en nuestro país podrá ignorar o rehuir de su responsabilidad en materia de violación a los derechos humanos. La CNDH también podrá interponer acciones de inconstitucionalidad cuando existan posibles contradicciones entre leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales firmados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado, que vulneren los derechos humanos contemplados en la Constitución. En suma, con esta nueva reforma, se garantizará que México pase de la teoría a la práctica en materia de derechos humanos, lo cual es sin duda un paso para celebrar.
Como partido político manifestamos también que hay puntos de la reforma en los que no estamos ni estaremos de acuerdo, como la reducción de la libertad religiosa a la libertad de creencia, y la inclusión del término “preferencias sexuales”, con el que se ha generado gran inconformidad y en algunos casos se presta a malinterpretaciones. Pese a ello, las demás modificaciones constitucionales que cité representan un avance sustancial que pone a México a la vanguardia en materia de derechos humanos. Ahora, los legisladores de este país tienen la enorme responsabilidad de estipular el conjunto de leyes necesarias para garantizar las disposiciones constitucionales aprobadas. Y nosotros como ciudadanos no debemos olvidar que el pleno respeto a los derechos humanos comienza en nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestro entorno y en cualquier rol que desempeñemos dentro de nuestra sociedad.
Juancarlos.mondragon@panpuebla.org Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla / twitter: @jcmondragon
Promulga Calderón ley con rango constitucional de derechos humanos
Fuente: Pueblo en Línea. | Actualizado a las 2011:06:10.10:20
El presidente Felipe
Calderón firmó y promulgó el día 9 el decreto que eleva
a rango constitucional los derechos humanos protegidos
por los tratados internacionales, ratificados por
México, lo que coloca al país a la vanguardia en esta
materia, dijo la presidencia mexicana.
Tras la firma en la residencia oficial de Los Pinos, el
mandatario promulgó la reforma constitucional en materia
de derechos humanos en presencia de los presidentes de
la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, del
Senado, Manlio Fabio Beltrones y de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia.
Calderón destacó la reforma como un cambio notable
respecto de la negativa hasta hace pocos años del estado
mexicano en desconocer o minimizar el reconocimiento que
en derechos humanos en el ámbito internacional se hacía.
"Ahora la política pública no sólo los reconoce sino que
lo hace derecho constitucional", apuntó Calderón.
"Los derechos humanos protegidos en la legislación
internacional y ratificados por México son ahora parte
de la constitución y (están) garantizados en la carta
magna", dijo el mandatario.
Añadió que se trata de la reforma más relevante en
décadas y coloca al país a la vanguardia en la promoción
y defensa de los derechos humanos. Entre otras
disposiciones, el primer capítulo de la Constitución
Política cambia de denominación y pasó "de las garantías
individuales" a "los derechos humanos y sus garantías".
Establece además la obligación de las autoridades para
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, por lo que la reforma prevé la
expedición de una ley de reparación del daño, que
también se adecuará a los estándares internacionales.
Expuso que se evitará que los ciudadanos acudan a
instancias internacionales a fin de exigir una justa
reparación por el daño que le hubiere causado una
autoridad al violar sus derechos humanos.
Otro punto amplía los mecanismos para protección de los
derechos humanos e incorpora el principio pro derecho
para que en casos de contradicción el juez deberá
aplicar el más favorable a los ciudadanos.
Señaló que los nombramientos del consejero presidente y
los consejeros de las comisiones de derechos humanos
nacional y estatales se harán mediante mecanismos de
consulta pública, los que tendrán plena autonomía.
La reforma otorga a la comisión la facultad de
investigar violaciones graves a los derechos humanos y
que hasta ahora recaía en la Suprema Corte de Justicia
lo que fortalece a la CNDH.
Un punto que también resaltó el presidente Calderón fue
que se obliga a las autoridades a atender las
recomendaciones de los derechos humanos o en las
comisiones estatales y en su caso a comparecer ante
órganos egislativos a fin de explicar las razones ante
negativa a aceptarlas. La reforma también considera el
asilo político y refugio humanitario de migrantes, lo
que fortalece el respeto a los derechos humanos. Con
ello facilita el procedimiento de las personas que
busquen el asilo político, acorde a la tradición
hospitalaria de México.(Xinhua)

