Análisis Ambiental de México

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Índice

 I.   El análisis ambiental de México

A.  El ámbito político

1.  El proceso de transformación política

2.  La transformación del sistema electoral

3.  La visión política de la prospectiva mexicana

a)       La visión de la izquierda

b)       La visión de la derecha

c)       El servicio civil de carrera

d)       La influencia internacional

B.  La estrategia económica y la dinámica demográfica

1.  Ahorro interno en México

2.  La reforma estructural y los desequilibrios regionales

3.  Las políticas sociales y económicas como complemento de las políticas económicas.

4. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica

a)     Unión de esfuerzos hacia el nuevo reto

C.  La problemática social

1.  Desigualdad y marginalidad

2.  Desempleo

3.  Aspectos demográficos

4.  El problema socioeconómico-demográfico más importante de México

5.  La migración al exterior

6.  La concentración urbana de la población

7.  Seguridad social

8.  El deterioro del medio ambiente y de la calidad de vida

9.  Las comunidades indígenas

D. Reforma educativa e identidad nacional

1.  El problema educativo

2.  La reforma educativa de 1989-1994

3.  Deficiencias de la educación

4.  La educación media

5.  La educación superior

a)       Los estudios de posgrado

6.   La educación del futuro

E. Desarrollo cultural y sustentable

1.  Unidad, diversidad y pluralidad

2.  El desarrollo sustentable

3.  Los programas culturales del Estado

4.  La identidad nacional

5.  La revaloración del ser humano


I.                    El análisis ambiental de México

En la globalización, la capacidad de decisión de los gobiernos nacionales tiende a estar acotada por límites más estrechos. Los estados han tenido que elevar el nivel de integración política con otros estados, abriendo camino a la creación de instituciones internacionales que establecen reglas de acción para la colectividad mundial. La globalización genera y enmarca problemas que requieren soluciones a nivel mundial o regional; redefine la relación entre el contexto mundial y el estado‑nación. Estos problemas trascienden las posibilidades de un solo país.

A.        El ámbito político

Los elementos políticos como la consolidación de una democracia gobernable, la capacidad de las agencias burocráticas, la ampliación de los mecanismos de representación y la pluralidad de las instancias decisorias, favorecen la construcción de escenarios de decisión pública amplios y eficientes. Además, permiten una mayor incorporación social, aportan mayor justicia, apuntalan la legitimidad del sistema, obligan a los gobernantes a dar cuenta de sus actos, y al mismo tiempo, a responder en forma más efectiva a los requerimientos de la población. Esos resultados suelen condicionar de manera positiva las posibilidades de consolidar una estrategia de desarrollo racional, equitativo y sustentable. Las instancias netamente políticas pueden servir para revertir mecanismos irracionales de producción colectiva, sobre todo en el ámbito económico.

Es necesario que el gobierno, las agrupaciones empresariales y sindicales cobren conciencia también de la gran responsabilidad en el largo plazo, que la nación mexicana y la sociedad civil, cobremos conciencia del nuestros recursos naturales, de los asentamientos humanos, del sistema político, económico, social, e institucional que nos rodea como país, en el contexto de la globalización económica y financiera.

En los últimos veinte años, México a vivido un proceso de transformación política en el que destacan:

1.         El proceso de transformación política

  1. El paso de un sistema casi monopartidista a uno pluripartidista en formación.

  2. Un incremento considerable de la competencia en el sistema electoral, antes carente de ella.

  3. Fórmulas de integración de la representación nacional que combinan la mayoría simple y la representación proporcional.

  4. A ello se suma el desgaste del discurso tradicional legitimador de orígen revolucionario y su sustitución por el discurso de la legitimidad democrática.

2.         La transformación del sistema electoral

Las reformas políticas de 1986 y las que se produjeron en el período 1989-1994 siguieron transformando el sistema electoral para introducir un proceso más vigilado y transparente aunque todavía inconcluso, con las siguientes características:

  1. La liberalización ha consistido en incorporar partidos que se mantenían excluídos del escenario institucional.

  2. Los medios de difusión han empezado a abrirse al pluralismo.

  3. El ejercicio de los derechos políticos se ha ensanchado de manera considerable.

  4. El expediente de la represión, sin esfumarse, ha dado paso al expediente del diálogo la negociación y el acuerdo. Los partidos políticos no han sido tolerados o incorporados sino institucionalizados.

  5. Los órganos y procedimientos electorales se han modificado con celeridad para dar autonomía e imparcialidad a la autoridad y a las reglas comiciales.

  6. La creación del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Federal electoral, son organismos principales que regulan no solo el financiamiento público, sino también el privado, los topes de campaña, la supervisión de ingresos y egresos, y se realizan monitoreos sistemáticos sobre el comportamiento de los medios de comunicación.

  7. Las fórmulas para el Congreso y los Ayuntamientos, se modificaron para incluir la pluralidad.

3.         La visión política de la prospectiva mexicana

Durante largos decenios el sistema político mexicano contó con márgenes muy amplios de gobernabilidad, pero en condiciones de una democracia precaria o de una combinación peculiar de elementos autoritarios y democráticos. El surgimiento y fortalecimiento de partidos, el aumento de la competitividad, y el proceso de reconocimiento institucional del pluralismo reclaman un ajuste a las instituciones republicanas de tal suerte que la asimilación de la diversidad no se convierta en sinónimo de ingobernalidad. Para que la propia democracia sea sustentable se requiere que la misma sea eficiente y que aparezca a los ojos de las principales fuerzas políticas como la formula legítima para arribar a los impuestos de dirección estatal.

a)         La visión de la izquierda

La visión de la izquierda afirma: “que sin la participación activa del gobierno en la economía, ni el crecimiento, ni el desarrollo, son posibles”.

b)        La visión de la derecha

La visión de la derecha afirma: “que considerando sus efectos generales y a largo plazo sobre la actividad económica, la participación activa del gobierno en la economía siempre es contraproducente”.

Lo que podemos afirmar es que, en la economía mexicana, los resultados del nacionalismo revolucionario se dieron, primero, con la gubernamentalización de la economía y la inflación durante los sexenios de Echeverría y de López Portillo, y luego con el estancamiento e inflación del sexenio de De la Madrid.

La pregunta es: ¿qué falló, el medio o su aplicación? La respuesta es, el medio, y ello no-solo lo avala la teoría económica, sino al final de cuentas la lógica. Ni el socialismo redistributivo, ni el Estado benefactor, ni el mercantilismo, ni el keynesianismo, son el camino correcto hacia el crecimiento elevado, general y sostenido, hacia los empleos productivos suficientes y justamente remunerados, hacia la estabilidad de precios, que no lo son, esa es la gran lección que nos deja la historia económica del siglo XX: “aquellas economías, en las que se pusieron en práctica las ideas de izquierda, acabaron por desaparecer, y hoy luchan por transformarse en economías de mercado; aquellas otras que, en mayor o en menor medida, se acercaron o lo que es la economía de mercado, no solamente no han desaparecido, sino que no lo han hecho tan mal; tienen problemas, pero crecen y se desarrollan”.

Se ha logrado un consenso amplio de los partidos políticos en el sentido de avanzar más rápidamente en la implantación del esquema constitucional de 1917, que, hasta ahora, ha sido un régimen formal sin aplicación práctica completa.

Las principales fuerzas políticas buscan que el sistema electoral sea plenamente confiable y equitativo, y desean equilibrio entre las tres ramas del gobierno federal y de los poderes locales, disminuyendo los poderes del Ejecutivo y principalmente los del Presidente de la República y fortaleciendo los poderes Legislativo y Judicial.

c)         El servicio civil de carrera

El sistema político para su mayor eficacia y estabilidad, deberá impulsar la implantación del servicio civil de carrera en los poderes ejecutivo y judicial, propiciar un nivel ético adecuado al desempeño de la función pública y revisar el régimen legal de responsabilidad de los servidores públicos.

d)        La influencia internacional

El desarrollo de los procesos internacionales o globales afectará mucho más el plano nacional en el caso de México, que lo que éste pueda afectar a aquél. En primer lugar, la interdependencia entre las diversas comunidades internacionales se profundizará. En segundo término, los arreglos constitucionales de los organismos de gobierno internacional influirán sobre las estrategias institucionales internas. En tercer lugar, las estructuras políticas nacionales deberán traducir a normas e instituciones locales el conjunto de disposiciones y reglamentaciones emanadas de los cuerpos de gobierno internacional. Cuarto, las influencias directas o presiones de otros países, de las instituciones internacionales, y de las organizaciones transnacionales, serán mayores sobre el desarrollo institucional interno. Quinto, aumentará la influencia de las redes internacionales de intercambio, producción y financiamiento, en la forma y en el contenido en que se definirá la estrategia productiva mexicana. Finalmente, se acentuará el grado de influencia internacional a través e los procesos de internacionalización del contexto global. La estrecha relación entre los espacios nacional y global hace que la construcción de instituciones y la toma de decisiones nacionales exprese criterios, valores y normas en gran parte legitimados en los escenarios internacionales.

B.        La estrategia económica y la dinámica demográfica

La política económica a largo plazo, no debe formularse sin establecer relaciones estrechamente con el medio ambiente y sin tener en cuenta las vinculaciones con el mundo exterior.

La economía mexicana creció entre 1950 y 1980 a una tasa superior del 6% anual que, dada la dinámica demográfica de ese período, representó un promedio de ascenso del PIB por habitante de alrededor del 3%.

Entre 1970 y 1983, la población del país se elevó de 48.2 a 73 millones, o sea, en alrededor de 25 millones. La fuerza de trabajo creció unos 12 millones. El desempleo que nunca ha desaparecido, y el subempleo ya crónico, se incrementaron.

Al cesar el crecimiento durante los últimos 15 años, comenzaron a ampliarse las brechas sociales; se agudizó la polarización que ya caracterizaba a la sociedad mexicana. En consecuencia empezó a deteriorarse la calidad de vida integral.

Entre 1989 y 1993 se acentuó la aplicación de la estrategia de la apertura comercial y de consolidación de las funciones económicas promotoras del desarrollo por parte del Estado, se alentó la inversión extranjera directa y se atrajeron cuantiosos recursos financieros del exterior al mercado financiero mexicano mediante el mantenimiento de tasas de rendimiento muy atractivas.

Se alentó asímismo la privatización en gran escala de las instituciones bancarias, así como la formación de consorcios financieros privados, nacionales y extranjeros. Se volvió mucho más marcada la diferencia entre las grandes empresas y la masa de empresas medianas y pequeñas, y las denominadas microempresas.

La rapidez con que se llevó a cabo la apertura comercial, previa a la negociación del TLC en 1993, redujo al mismo tiempo los volúmenes de empleo y debilitó la capacidad de contratación laboral. La pequeña industria, y aún sectores de la mediana que no tuvieron oportunidad o posibilidad de asimilarse a los grandes consorcios y sufrieron un fuerte descenso de actividad. El estado no respondió con medidas de aliento directo, ni con instrumentos de apoyo adecuados.

Las consecuencias sociales de los efectos no previstos de la estrategia económica seguida han sido inimaginables: empeoramiento de la desigualdad de ingresos y de los niveles de pobreza extrema, aumento de la economía informal, duplicación de los coeficientes de desempleo, y amenazas crecientes a la paz social.

A pesar de muchos aspectos positivos, la nueva estrategia de crecimiento económico que no puede llamarse propiamente una estrategia de desarrollo, no ha generado aún las condiciones que permitan reducir en proporción significativa la desigualdad social.

La influencia de factores tanto internos como externos ha traído una modificación radical de las bases, modos de operación y normas de evolución de la economía mexicana a partir de los años ochenta. El eje de la economía se desplazó del mercado interno al externo, y se pasó de una economía caracterizada por la presencia amplia y profunda del Estado en los procesos productivos a una en que la iniciativa privada, nacional y extranjera, adquirió un papel de actor central de crecimiento y desarrollo. Los centros de decisión son ya en parte externos y en parte se sitúan en el sector privado nacional. Se dejaron atrás políticas que regulaban y subsidiaban excesivamente la actividad económica, y se propició la participación de nuevos actores, siendo la libre competencia el principal regulador. Se desregularon los sectores agropecuario, financiero y de comunicaciones y transportes y se descansó en inversiones privadas para tratar de asegurar la expansión de estos sectores y de la infraestructura.

Sin embargo, los rezagos y los problemas de la economía mexicana son aún considerables. El sector agropecuario continúa sumido en una crisis profunda generada por la descapitalización sufrida durante treinta largos años. En 1994 su aportación al PIB fue de aproximadamente 8%, mientras que el 25% de la población del país se considera como propiamente rural. El 75% de los 27 millones de hectáreas cultivables son tierras de temporal. El minifundismo –casi el 60% de los 6.3 millones de unidades de explotación rural, con promedio de menos de 5 hectáreas- se refleja en general en baja rentabilidad.

El sector industrial manufacturero se caracteriza por una dualidad muy marcada. Algunas ramas se han modernizado en gran medida y son competitivas a nivel internacional, entre ellas la automotriz, las del vidrio y el cemento, la farmacéutica, la electrónica, la metálica básica y las de maquinaria y equipo para oficinas e informática. En cambio, la gran mayoría de los establecimientos industriales medianos, pequeños y de dimensión micro se debaten en una grave crisis por la caída del mercado interno, la falta de crédito en condiciones favorables y otras limitaciones financieras, de comercialización y técnicas.

El sector maquilador, que casi no adquiere insumos de origen nacional, ha registrado, en lo principal por el bajo costo de la mano de obra en México, un fuerte crecimiento entre 1986 y 1996 al pasar de 809 plantas a cerca de 3000, y empleó ya a más de 700,000 personas, o sea la quinta parte de la fuerza industrial de México.

La aportación del sector manufacturero al PIB fue en 1995 de 22.6%, proporción que será la característica de los años próximos. La industria manufacturera no se apunta en consecuencia como sector tan pujante en la formación del PIB como se ha venido suponiendo hasta ahora. Ha sido el sector de servicios el que ha predominado. Sin embargo, éste presenta también una aguda dualidad; conviven grandes empresas modernas, por ejemplo en el turismo y el comercio al menudeo, con millares de establecimientos pequeños y micro sin base financiera ni capacidad de crecimiento. El sector financiero y de seguros se encuentra ante graves riesgos y rezagos; busca una parte de su salvación en la apertura a la participación de capital extranjero, bajo costosas reestructuraciones y reacomodos. Los servicios y el comercio aportan el 60% del PIB.

Las disparidades regionales son otra constante en el desarrollo del país. La Zona Metropolitana de la Ciudad de México, concentra en la actualidad el 43 % del PIB y otro 17 % es atribuible a Monterrey y Guadalajara sumados[1].

1.         Ahorro interno en México

El ahorro interno se define como la proporción del ingreso que no se destina al consumo en el período en que se genera y se invierte para consumirlo posteriormente.

Desde el inicio de la crisis, el ahorro interno como porcentaje del producto nacional bruto (PNB) aumentó sistemáticamente: de 16% en 1994 a 24.4% en 1997. En contraste, el ahorro externo, equivalente al déficit en cuenta corriente redujo su participación en el PNB de 7.1% en 1994 a 1.9% en 1997.

Ello propició que la inversión privada dependiera en menor medida de recursos externos para su financiamiento En 1994, 31% de la inversión privada se financió con ahorro externo, mientras que en 1997, sólo lo hizo en 7%; el resto de la inversión privada (93%) se financió con ahorro interno.

En 1996-1997, además de que la inversión privada se financió prácticamente con el ahorro interno, tuvo un desempeño favorable: aumento un 20.4% en promedio anual, después de que se contrajo 31.2% en 1995.

Esta elevada expansión de la inversión privada se canalizó a:

  • Sustituir capital obsoleto que, por la crisis, no se hizo en el momento en que se depreció ese capital.

  • Expandir la capacidad instalada, principalmente en los sectores más dinámicos después de la crisis, y cuyo aumento se sustento principalmente en la demanda externa.

A diferencia de 1996-1997, se prevé que en los próximos años la inversión privada se canalizará a actividades vinculadas al mercado interno:

  • El empleo y el aumento de poder adquisitivo de los salarios incrementarían la demanda interna; la reducción del gasto público y la persistencia de las tasas de interés reales elevadas serían insuficientes para contrarrestar ese incremento, como ocurrió en el primer trimestre de 1998.

  • La demanda externa tendría un comportamiento desfavorable; la contracción de los mercados asiáticos y de los salarios en varios países generarían excedentes de producción en los mercados internacionales y reducirían la competitividad de las exportaciones mexicanas; la devaluación prevista del tipo de cambio sería insuficiente para compensar esa pérdida de competitividad.

En los próximos años, el ahorro interno continuaría financiando de manera importante la inversión privada.

  • La persistencia de tasas de interés reales elevadas y un mercado crediticio deprimido imposibilitarían un aumento del endeudamiento de las familias para la adquisición de bienes de consumo, lo cuál favorecería el ahorro interno.

  • Lo anterior, junto con la evolución prevista del tipo de cambio (constante en términos reales) y la reducción del gasto público, evitaría la formación de expectativas “excesivamente” favorables sobre la evolución futura de la economía (en contraste con el sexenio anterior), que pudieran incrementar el nivel de consumo, en detrimento del ahorro interno.

A pesar de una evolución favorable del ahorro interno, las condiciones adversas del entorno internacional, podrían compensar dicha evolución y traducirse en un incremento del déficit de la cuenta corriente, lo que incrementaría la dependencia de recursos externos.

La experiencia reciente señala que no es deseable una elevada dependencia de recursos externos hacia fines del sexenio, por lo que no es posible que el gobierno acentué las políticas económicas restrictivas (fiscal y monetaria), con el objetivo de evitar esa situación. Se sofocaría a reducir la demanda interna y a mantener el tipo de cambio real constante[2].

2.         La reforma estructural y los desequilibrios regionales

El proceso de reforma estructural ha exacerbado los desequilibrios regionales. El norte y parte del centro de México participan en la dinámica de la globalización de los mercados; no así el sur y el sureste, salvo algunos centros de la petroquímica y otras actividades del sector petrolero.

La política ambiental de México se inició apenas en los años setenta, a raíz de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Para fines de los ochenta, con base en modificaciones a la Constitución y en nueva legislación, se prestó más atención a diversos aspectos importantes de la política ambiental. La política adoptada ha sido la casi universal propugnada por la OCDE, la Unión Europea y las autoridades ambientales de los principales países industrializados: la de implantar un sistema de normas, muchas de ellas internacionales, y de regulaciones administrativas para hacerlas cumplir. La efectividad de la política ambiental mexicana, en respuesta a las repercusiones negativas de las modalidades del desarrollo, ha sido muy baja; no se ha podido contener el deterioro ambiental. Los siguientes datos revelan la intensidad de lo que sólo puede describirse objetivamente como el desastre ambiental de México.

Se enumeran 25 áreas críticas, que incluyen zonas agrícolas, y se señalan también 15 áreas caracterizadas como de riesgo para salud humana, incluida la Ciudad de México y 5 áreas de alto riesgo personal para la población local debido a la presencia de sustancias carcinogénicas. La desforestación continúa ocurriendo a una tasa anual superior al 1%. La intensidad energética en la producción ha aumentado en lugar de haber descendido.

La contaminación por la industria de transformación se multiplicó veinte veces entre 1950 y 1989. Una proporción considerable, quizá la gran mayoría, de los desechos industriales peligrosos va a dar a los sistemas de drenaje, a los ríos y los arroyos y otras superficies acuáticas, a las lagunas y esteros, a las bahías, o a tiraderos no debidamente controlados de donde los desechos líquidos se filtran al subsuelo y a los mantos freáticos.

La contaminación atmosférica de la Zona Metropolitana, es objeto de importantes programas, pero no se abordan sus causas profundas. No están a la vista soluciones integradas que protejan lo que se percibe como una grave amenaza a la salud de sus habitantes.

El diagnóstico completo de la problemática ambiental de México, en un posible contexto de desarrollo sustentable como objetivo a mediano y a largo plazo, no se ha hecho todavía, aun cuando se ha avanzado en el último año, inclusive con modificaciones a la legislación vigente. Pero en el conjunto de las políticas económicas y ambientales, tomadas como una interrelación necesaria, no existe en México una coordinación básica, que pudiera empezar, por ejemplo, con el tema energético. No se han hecho esfuerzos suficientes para obtener mayor eficiencia en la producción, distribución y consumo de los energéticos, asegurando economías importantes a mediano plazo. Los dos grandes sectores energéticos, el petrolero y el eléctrico, no han emprendido programas ambientales de largo plazo.

El TLCAN, en tanto sea un estímulo a la inversión para generar exportaciones, obliga conforme al Convenio de Cooperación Ambiental anexo a mejorar las medidas conducentes a mayor limpieza ambiental. Pero se carece aún de suficiente voluntad política para llevar adelante en México un conjunto de medidas ambientales efectivas y eficaces, faltan recursos humanos y faltan recursos financieros. El desarrollo sustentable no se obtendrá solamente a base de medios económicos, ya que involucra además requisitos políticos, sociales, educativos y culturales, lo que supone que la sociedad mexicana, con apoyo en un sistema político cada vez más democrático, pueda ser capaz de economizar sus recursos escasos, racionalizar sus decisiones sobre la asignación de recursos reales y armonizar sus intereses nacionales con los globales.

En una perspectiva de este género, el camino por recorrer en México será necesariamente largo. Se requiere, sin más, un periodo de concientización sobre lo que es y no es el desarrollo sustentable. Será indispensable incrementar la capacidad científica y tecnológica del país, a la vez que la empresarial en lo técnico, lo financiero y la eficiencia de su administración. El volumen y el uso de la información tendrán que generalizarse y ser accesibles. El sector público tendrá que ser eficiente y sensible a las demandas de la sociedad civil. El sistema político deberá ser más abierto y deberá adquirir verdadero compromiso con los procesos democráticos. Los mecanismos redistributivos y otros destinados a crear las redes básicas de protección social deberán ser transparentes y eficaces.

La sola estrategia económica no bastaría para llegar a una situación de desarrollo sustentable, o cercana a ella, pero tampoco puede prescindirse de una estrategia económica eficaz, sistemática, que tenga en cuenta además todas las variables que no sean rigurosamente económicas. Los mecanismos de mercado en una sociedad moderna son un arreglo institucional; no se puede vivir con la ley de la selva económica. Es evidente que el funcionamiento de los mercados, o “del mercado” (una abstracción muy socorrida), adolece de graves deficiencias, en México como en cualesquiera otros países en desarrollo. Existen sectores económicos y financieros de clara tendencia monopólica, arraigada en viejas costumbres, en instancias de simple poder político o poderío empresarial, o aún creadas por la legislación y los programas gubernamentales. México se ha caracterizado por una estructura comercial en la que interviene un número excesivo de intermediarios poco eficaces, con el encarecimiento consiguiente de los bienes y servicios que llegan al consumidor. Todo ello contribuye a que el crecimiento económico y los beneficios de la productividad, la tecnología y la información no se distribuyan equitativamente.

El sindicalismo, es una de las instituciones en la que se muestran mayores disfuncionalidades respecto a la nueva estrategia de desarrollo. Los aspectos más urgentes que requieren reforma es la necesidad de sindicatos autónomos, democráticos, responsables financieramente ante sus miembros cotizantes, con dirigentes preparados, con una mentalidad diferente, a la del sindicalismo mediatizador, dirigentes renovados con una actitud independiente frente a las posiciones de las organizaciones y frente a las autoridades del Estado, más participes e involucrados con la realidad política, económica, social, y ambiental del entorno, así como una mayor participación en lo laboral y en la toma de decisiones de las organizaciones, con el objeto de robustecer la eficiencia, la productividad y la competitividad, tanto interna como externa. A este respecto, la tecnología deberá operar en un proceso dinámico, a favor de la consolidación del empleo, no en su contra.

El papel del Estado no es el de abstenerse de toda intervención o regulación. La política ambiental, por ejemplo, se basa en normatividad y administración de sanciones, en información y reglamentación, aún cuando requiere también de instrumentos económicos e incentivos fiscales y financieros. El Estado deberá asumir por sobre todo políticas generales para asegurar el desarrollo sustentable, y para evitar desviaciones excesivas o peligrosas que con frecuencia se adoptan para acelerar el desarrollo. En particular se requiere una política económica que eleve los niveles de vida e impulse la conservación y valorización del capital ecológico. El crecimiento económico no puede darse en un clima de incertidumbre, ya que el crecimiento depende en gran parte de la inversión del sector privado que quiera asumir riesgos y descontar adecuada y racionalmente el futuro.

En México es indispensable reducir las distorsiones generadas por la inflación y los déficits fiscales, en particular evitar los excesos en un sentido u otro. Si se dominan los excesos inflacionarios, por una parte, y los excesos de desequilibrio fiscal, positivo o negativo por la otra, el valor externo de nuestra moneda será más manejable, como un precio relativo más y no como un símbolo de frecuentemente falso de estabilidad.

Una componente principal de una estrategia de desarrollo es una política industrial, que incluso lleve a determinar, por medio de los consensos necesarios, que una región o una zona debieran especializarse en algún género de productos. Sería difícil que el simple funcionamiento de los mecanismos de mercado llevara a las decisiones correctas, entre otros motivos porqué una política industrial debe cumplir requisitos adicionales, como los de establecer una infraestructura eficiente, ayudar a formar recursos humanos de alto nivel y capacitar a los niveles intermedios. Una política industrial puede requerir incentivos fiscales y otros, inclusive a favor de determinadas regiones o para evitar concentraciones excesivas en lugares en que existe amenaza de colapso ambiental. No puede dejar de instrumentar políticas generales de fomento al proceso industrializador. Ésta ha sido la experiencia de los países en desarrollo que han alcanzado índices de industrialización rápida y sólida, entre los cuales México no se cuenta aún.

3.         Las políticas sociales y económicas como complemento de las políticas económicas.

Las políticas económicas deben ir acompañadas de políticas sociales y ambientales. Entre las sociales deben destacar las destinadas a disminuir la desigualdad y garantizar un nivel de vida básico, lo cual además fortalece el mercado interno. Asimismo se requiere de una política demográfica que, en el marco provisto en la Constitución, permita reducir en forma progresiva la tasa de crecimiento de la población aún más allá del año 2020, a fin de llegar a una meta de estabilización de la población total.

4.         El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

El pensar en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica como la solución a los problemas comerciales y financieros de México, por más importante que sea, sin mas referencia al resto del mundo, sería un grave error, ya que en la globalización tienen valor todos los mercados.

a)         Unión de esfuerzos hacia el nuevo reto.

El TLC puede fortalecer la capacidad de México para interactuar con otras regiones; no debe verse como una fortaleza defensiva sino como un instrumento de superación. Para ello se requiere un esfuerzo nacional sin precedente, tanto del sector público como de la sociedad civil, tanto del sector empresarial, como el de los trabajadores y las organizaciones sindicales.

Al sector empresarial corresponde una responsabilidad muy sustancial, con visión de largo plazo.

Está en juego también la participación de México en los organismos económicos internacionales, empezando por la OCDE, que establece compromisos de convergencia, e incluyendo el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial, cuyas políticas pueden no ser armonizables con las mexicanas. México deberá diseñar políticas económicas a largo plazo con otros agrupamientos regionales o subregionales, entre ellos la Unión Europea, los Consejos de Cooperación del Pacífico y las zonas de libre comercio del resto de América Latina y el Caribe. Asimismo, México necesitará compatibilizar los compromisos del TLCAN con los de la OMC. La globalización actuará en doble sentido, aún en asuntos migratorios, y no será posible asumir actitudes de aislamiento.

C.        La problemática social.

La situación social en la mayoría de los países, y en consecuencia a nivel global, presenta innumerables signos de deterioro, con excepción de unas pocas naciones, como las nórdicas, en que existe una larga tradición de políticas igualitarias de orden social. En los países en vía de desarrollo, los incrementos demográficos tan acentuados de los últimos 40 años y la incapacidad de sus economías de organizarse para satisfacer las necesidades básicas de la población, han contribuido a la tendencia al deterioro social. Por ello no se ha alcanzado aún una calidad de vida aceptable para el conjunto de la población, sino solamente para un tercio de las familias, con grandes contrastes y diferencias con el resto. Tal es el caso de México.

1.         Desigualdad y marginalidad.

La desigualdad y la marginalidad en México se expresa en otras múltiples manifestaciones; por ejemplo, la falta de acceso efectivo y permanente a la educación y a los servicios de salud, la pobreza rural, la marginación de las comunidades indígenas, los asentamientos urbanos precarios y carentes de servicios, la todavía considerable desigualdad de status que caracteriza a la mujer, el tamaño oneroso de la familia de bajos ingresos y la intensa emigración de fuerza de trabajo al exterior.

2.         Desempleo.

Los grandes cambios de orientación estratégica del desarrollo instaurados en México a partir de 1985 con la apertura comercial y los incentivos a la exportación de manufacturas, llegaron tarde. Desde ese periodo, México no ha podido reducir el desempleo, ni ha logrado hacer frente a las tendencias subyacentes de una mayor desigualdad de los ingresos y en consecuencia entre los estratos sociales. A ello contribuyó que la política de población destinada a limitar y reducir la elevada tasa de fecundidad sufrió también bastante rezago; aunque la planificación familiar avanzo con considerable rapidez, la mano de obra del futuro había ya nacido y presionaba de manera incesante y creciente sobre los mercados de trabajo. El resultado fue un desempleo y subempleo masivos y una migración elevada a Estados Unidos.

Para principios de los años noventa, la proporción de la población mexicana definida como “pobre” era de cerca del 60% (alrededor de 50 millones de habitantes), y la descrita como en estado de “pobreza extrema” se estimaba en unos 20 millones –cifras que para 1996 han aumentado-. En estos sentidos, pobreza no sólo quiere decir un ingreso familiar insuficiente para hacer frente a un nivel mínimo de vida, sino que está asociada a acceso insuficiente a servicios de salud, dificultad para que los hijos menores completen la educación primaria o inicien la educación media, falta de condiciones mínimas de vivienda o techo, falta de calificación y en consecuencia desventaja en la obtención de empleo mejor remunerado. Significa de hecho también desempleo sólo compensado por trabajo parcial, precario o carente de protección social en el gran sector de la economía subterránea o informal.

3.         Aspectos demográficos.

La desigualdad social, asociada a todos los factores negativos que la determinan y a la ausencia de empleo regular, constituye un problema de muy difícil solución a corto y a mediano plazos, que tiene repercusiones en el área política, así como en la cultural y la económica.

La política demográfica mexicana se definió en 1973 por medio de la nueva Ley General de Población de manera que incluyera la responsabilidad del Estado de proveer servicios de planificación familiar, con base en un nuevo derecho constitucional, añadido al Art. 4°. Aunque la tasa media de fecundidad se redujo con considerable rapidez en los años subsiguientes, la llamada inercia demográfica mantuvo por casi una generación una tasa de incremento de la fuerza de trabajo superior a la tasa general de incremento de la población. El efecto inercial, 23 años después, cuando el crecimiento demográfico se calculó en alrededor del 2% anual, ha dado lugar a que la fuerza de trabajo siga creciendo al 3.3% cada año, o sea en números absolutos, alrededor de 900,000 personas anuales.

Se ha producido una controversia acerca de las cifras base de la población de México. Oficialmente se reportó que el Censo de Población de 1990 arrojó al mes de marzo un total de 81.8 millones de habitantes, pero hay evidencia de que el resultado oficial subestimó la población en unos 4 a 5 millones de personas. Así, los 85 millones, proyectados a julio de 1990, se traducirían a mediados de 1995 en alrededor de 94 millones. La fuerza de trabajo correspondiente (PEA) se puede estimar en unos 30 millones.

Desde el punto de vista demográfico y social, se requiere que la economía crezca lo suficiente para absorber en empleo productivo cada año, durante los próximos 10 a 15 años, de 800,000 a 900,000 personas en edad de trabajar y dispuestas a trabajar –sin contar los ya desempleados, que en la actualidad podrían llegar a estimarse en alrededor de 4 a 5 millones, carentes de red de seguridad social-. Añádase que desde 1994, el valor adquisitivo del salario mínimo y de los salarios en general ha descendido cerca de un 40% y que ha seguido reduciéndose en 1996.

Algunas estimaciones de la población de México indican no menos de 106 millones para el año 2000, alrededor de 118 en el año 2010 y unos 138 millones en el año 2020. El grupo de edades de 15 a 64 años pasará de unos 50 millones en 1990 a cerca de 90 millones en el año 2020.

4.         El problema socioeconómico-demográfico más importante de México.

El problema socioeconómico-demográfico más importante de México en los próximos 25 años será el de la falta de empleo, con su consecuencia en la desigualdad. Podrían diseñarse políticas de empleo, así como políticas económicas e industriales, de capacitación y educativas, que tiendan a minimizar los niveles de desempleo para las próximas generaciones de entrantes al mercado de trabajo. La política de población debiera ser ampliada. La planificación familiar deberá ser entendida en su sentido amplio, que abarca, además de la información y los servicios, el cambio de actitud familiar hacia el tamaño de la familia, las oportunidades de educación y de mejoramiento del status de la mujer, y otras.

5.         La migración al exterior.

La migración al exterior será difícil de revertir antes de mucho tiempo. En las épocas normales las diferencias salariales con Estados Unidos han sido del orden de 6 a 8 veces; en la actualidad, pueden llegar a 10 o más veces. El atractivo del mercado de trabajo norteamericano, sumado al desempleo y a los factores de rechazo laboral de México, hacen inevitable la corriente migratoria al otro lado de la frontera Norte. No existen cifras precisas de la migración neta al exterior, pero se estima que en los últimos 10 años han salido del país en forma más o menos permanente unos 4 a 5 millones de personas. Cada año emigran adicionalmente de 250,000 a 400,000 personas, fracción insignificante de la fuerza de trabajo total en Estados Unidos, que excede de 120 millones. La migración neta a Estados Unidos será un elemento de discordia y aún de conflicto por muchos años, con las autoridades locales y los grupos de población en los estados norteamericanos que abrigan prejuicios o han sufrido la competencia de la mano de obra mexicana.

6.         La concentración urbana de la población.

Otros aspectos de la problemática social son: la concentración urbana de la población, que ha sido muy rápida en los últimos 40 años, pero que se ha trasladado de las grandes ciudades a las intermedias. La migración interna siempre rebasa la capacidad de las ciudades para proveerla de la infraestructura y los servicios necesarios, desde agua potable hasta vivienda, desde energía eléctrica hasta recolección de basura. La perspectiva urbana es preocupante porque se carece de planes directores a largo plazo para casi ninguna ciudad del país, de manera que las aglomeraciones urbanas han sido y tienden a ser desordenadas, ineficaces, costosas en términos reales y con frecuencia caóticas.

7.         Seguridad social.

Se ha presentado una grave crisis en el suministro de servicios de seguridad social, tanto por el agotamiento del esquema corporativo de épocas anteriores, como por el desfinanciamiento de sistemas ideados para épocas de fuerza de trabajo en promedio un poco más joven. La necesidad de emprender reformas radicales en estos sistemas se ha empezado a prever apenas en algunos de sus aspectos. La expansión de los sistemas de salud en México dista bastante todavía de satisfacer las necesidades y de adaptarse a los cambios epidemiológicos. A largo plazo los sistemas de salud y su éxito están vinculados estrechamente a los demás aspectos de la problemática social en perspectiva, incluida la demográfica, la familiar y de capacidad económica, y la educativa.

8.         El deterioro del medio ambiente y de la calidad de vida.

El deterioro del medio ambiente y de la calidad de vida afecta a la familia como núcleo de la sociedad. El cambio de la estructura familiar que ha comenzado a manifestarse no sólo se refiere a la desintegración de la familia, sino también a la disolución del núcleo familiar en estructuras extensas. Se advierte también un incremento del número de hogares monoparentales –el Censo de 1990 registra cerca de un 20%- que dependen en gran medida de mujeres con poca capacidad económica o de empleo. Un fenómeno conexo con la pobreza familiar es el de la violencia intra-familiar. La incidencia del alcoholismo y la drogadicción y otras lacras semejantes contribuye a estos factores sociales negativos, que tienden a acentuarse.

9.         Las comunidades indígenas

Cabe señalar otros temas sociales, como el de las comunidades indígenas, la conexión que tiene el deterioro de las condiciones sociales con las deficiencias del sistema educativo actual, también rebasado por obstáculos e inercias y necesitado de nuevas visiones y métodos. La población indígena de México, sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, representa un segmento que en muchos casos ha estado aislado físicamente del resto de la economía y la sociedad, que ha sido explotado por los sectores mejor comunicados con los centros comerciales y del poder, y que ha sufrido abiertas discriminaciones en el trabajo, en lo social y lo político, no obstante el valor de su cultura local y sus manifestaciones culturales y artísticas. Para México constituye un problema moral y político de primer orden, que afecta a varios millones de habitantes que viven marginados y en condiciones de desventaja básica. El problema tiene dimensiones tanto económicas como sociales y culturales, y se ha extendido al área política.

D.        Reforma educativa e identidad nacional

La identidad nacional sólo sobrevivirá si se logra imbuir en las personas nociones fundamentales de una historia y una cultura comunes.

Sostener y aún fortalecer la identidad nacional, formar ciudadanos aptos para la economía del futuro, así como contribuir a un desarrollo sustentable y equitativo, serán tareas importantes de la educación y la cultura.

Sin dejar de reconocer los logros que la educación mexicana ha alcanzado, en unas cuantas décadas, es conveniente poner el acento en las deficiencias para imaginar vías de superación.

1.         El problema educativo

Subsiste un grave rezago en la educación básica tanto en las zonas rurales como en los estratos pobres de las ciudades; el sistema educativo es más complejo que en el pasado, no obstante, hay insatisfacción social por la falta de calidad.

Se postula que la educación es el mejor instrumento para preparar los recursos humanos que demanda el desarrollo del país, mas el sistema educativo no reproduce valores que enaltezcan el trabajo; se supone que la misión principal de la escuela es formar ciudadanos solidarios y preparados para la vida democrática, pero la escuela reproduce en su quehacer rasgos autoritarios perceptibles.

El sistema educativo mexicano es un cosmos complejo, desigual, diferenciado, presenta avances notables y rezagos bochornosos; excelencia en algunas áreas como en los grandes centros de investigación de la UNAM, e instancias sumamente deterioradas como en la preparación del magisterio.

2.         La reforma educativa de 1989-1994

Durante el periodo de 1989-1994, la reforma educativa cobró gran aliento, pero todavía falta largo trecho para que los cambios se consoliden y la educación contribuya a hacer más equitativo el desarrollo nacional.

En los seis años de educación primaria, deserta de la escuela poco más del 40%. Para que los desertores potenciales permanezcan en el sistema educativo, es necesario ampliar y reforzar los programas de becas alimenticias y otros, además de implantar mejores programas de capacitación y empleo para los padres de familia.

Para aumentar la igualdad de oportunidades de aprendizaje se deben impulsar más y mejorar los proyectos compensatorios existentes, como el Programa para Abatir el Rezago Educativo, al igual que expandir la educación inicial en los segmentos de la población de escasos recursos.

La calidad e importancia de la educación básica es una inquietud global que marca la transición de la preocupación por los números a la evaluación de los resultados. Los propósitos fundamentales de esta educación en México deberán ser el proporcionar a los educandos los fundamentos de la nacionalidad y prepararlos para la vida futura. Además de los valores cívicos, se deberán forjar otros que permitan a la escuela contribuir a la creación de una ética del trabajo, a apreciar la belleza y a comprender el bien. El educando deberá adquirir, además, una percepción correcta del mundo externo, del resto de la humanidad como es; México no vive aislado.

Los contenidos se deberán reducir a lo fundamental: enseñar muy bien a leer y escribir, así como las nociones y operaciones aritméticas cardinales durante los primeros tres años. Si se poseen esas habilidades básicas, se podrá, del cuarto al sexto grados, obtener la iniciación correcta a la historia, la geografía, la cultura y las tradiciones, así como sentar las bases de una comprensión de la ciencia y la evolución tecnológica, la ecología y los derechos humanos.

A partir de las reformas a los programas y contenidos de la educación básica en 1992-1994, se advierten avances curriculares para que los alumnos mejoren sus habilidades para la abstracción y la sistematización, sobre todo en matemáticas. El nuevo curriculum, que en el mejor de los casos cumple 800 horas de instrucción al año (cuando en los Estados Unidos y Canadá son alrededor de 1,500 horas), pone el acento en la enseñanza de lenguajes: español y matemáticas. La enseñanza de la historia patria es indispensable para salvaguardar y acrecentar la identidad nacional.

3.         Deficiencias de la educación

Una de las deficiencias más graves de la educación mexicana es que no posee mecanismos que permitan a los alumnos sistematizar lo que aprenden, debido a la insistencia en la memorización. Ello demanda algo más profundo que la reforma a los planes de estudio, la mejoría de los libros de texto y la reestructuración del sistema educativo. Lo más importante es la formación y actualización permanente de los maestros. Si se desea hacer una reforma profunda de la educación, se debe conquistar para la causa a la mayoría de los maestros. Al magisterio mexicano se le encomiendan los hijos pero no se les reconoce plenamente su trabajo; se les exige responsabilidad y diligencia y sin embargo no se les paga bien; no se admite plenamente que son profesionales. Por su parte, el magisterio se considera el mentor eficiente de la niñez, aunque padezca de una ideología corporativista cerrada que en principio rechaza ideas de otros profesionales; exige reconocimiento a su deber, más no muestra una ética del trabajo que se reproduzca en las aulas; demanda un salario profesional al gobierno y a la sociedad, pero hace poco por convencer a la sociedad de su profesionalismo.

En los debates de 1993 en el Congreso Federal acerca de la Ley General de Educación, quedó pendiente el papel de los medios de comunicación: sólo se indica que contribuirán al logro de las finalidades de la educación. Es decir, no asumen ninguna obligación formal para prosperar en la senda de una mejor educación. Los medios pueden desempeñar un papel muy significativo en la formación de la nacionalidad, la toma de conciencia del deterioro del medio ambiente, el apoyo activo a campañas de salud pública, de orientación sobre políticas de población y muchos otros temas: idiomas, geografía, tradiciones culturales, etc. Poner a trabajar a la tecnología para fines humanísticos puede contribuir a una estrategia de desarrollo todavía inédita en México.

La promoción del desarrollo sustentable y equitativo demanda que en plazos relativamente breves se capacite a millones de miembros de la fuerza de trabajo que hayan quedado fuera de la escuela. Además, para competir en el mercado global se requiere de cientos de miles de operarios y supervisores competentes que se deben formar en poco tiempo. Esto entraña reformar y hacer flexible la enseñanza vocacional, ampliar su oferta, mejorar sus servicios y vincularla aún más con la dinámica del empleo y los cambios en la demanda de trabajadores. Deberá entenderse que la educación y la capacitación no se contraponen, sino que se complementan. La capacitación no deberá circunscribirse a la mano de obra industrial y de servicios. Hacen falta gerentes, administradores, tecnólogos y científicos que requieren capacitarse a plazos cortos y en áreas de punta como son las ciencias de los materiales, la informática, la electrónica y otras apoyadas en los avances de los rayos laser, las cuales tienen efectos difusores amplios. Habrá que adiestrar a miles de técnicos y promotores del medio ambiente, la salud pública y las políticas de población, los derechos humanos y muchas otras cuestiones de valor social.

4.         La educación media.

La educación media se caracteriza en México por una visión nebulosa: debe continuar con la preparación de los futuros ciudadanos y, además, orientarlos hacia actividades productivas. Mas no cumple ninguno de los dos objetivos. La educación secundaria y la preparatoria del futuro, requieren ser mucho más dinámicas; deberán contar con laboratorios bien equipados y buenas bibliotecas. A los estudiantes no se les presentan en general retos a su inteligencia; se les proporcionan formulas en lugar de incitarlos a que busquen problemas y métodos para resolverlos. Le educación del futuro, entrañará diligencia, motivación interna para el trabajo, curiosidad y responsabilidad personal y colectiva.

Las reformas a la enseñanza media en México, han sido aplazadas a un futuro no definido aún. La tarea urgente es sistematizar la enseñanza media superior en tres tipos fundamentales: el bachillerato propedéutico universitario, el bachillerato tecnológico y la enseñanza terminal que prevea un enfoque vocacional claro y orientado a las nuevas tecnologías. Es conveniente plantear un debate nacional sobre este asunto con la mira de elevar la calidad de la educación media y superior.

5.         La educación superior.

El desarrollo de conocimientos más abstractos y rasgos personales de mayor independencia se debe engendrar en la educación superior, y ésta tendrá que ser de diferente índole en el futuro; flexible y dinámica, de orientación más abierta que en la actualidad, con análisis del mundo y de las relaciones globales; con el acento puesto en el diseño de nuevos procesos y en la generación de conocimientos para formar nuevos profesionales.

a)         Los estudios de posgrado.

Es necesario diseñar y poner en práctica posgrados de nuevo tipo en áreas y disciplinas que contribuyan, entre otras cosas, a una mejor relación con el medio ambiente. En la educación de profesionales y científicos, tanto en las ciencias exactas y naturales y las ingenierías como en las ciencias sociales y las humanidades, se deberán acentuar los elementos clave de una formación integral, con elementos multidisciplinarios. Para lograrlo, se requiere de nuevos posgrados y especializaciones, así como de reformas a los existentes. Los posgrados en México, como en otros países, no prosperarán sin cuerpos académicos de dedicación exclusiva o tiempo completo auxiliados por laboratorios, bibliotecas y centros de documentación interconectados por medios electrónicos, así como por sistemas de vinculación de la docencia con la investigación. A la vez se requiere alumnado también de tiempo completo.

6.         La educación del futuro.

La educación del futuro, como se ha subrayado, requiere el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, pero también de instrumentos tradicionales de enseñanza, entre ellos el más antiguo: el libro.

Éste es escaso y caro, asunto que en parte se relaciona con los bajos tirajes y los elevados costos del papel de imprenta, con la baja proporción de la población que goza de alfalbetismo funcional y aun con el monto limitado de la población con estudios medios y superiores.

Para cumplir los propósitos que aquí se exponen acerca de la educación futura en México, será preciso dar a la capacidad editorial, tanto de las instituciones de educación superior como las comerciales, un impulso programado a largo plazo. Asimismo, se requieren planes a largo plazo para el sistema de bibliotecas y de centros electrónicos de documentación e información.

Será posible que todos los mexicanos alcancen, al menos a corto plazo, los niveles medios de escolaridad y de educación formal que imperan en los países industrializados y aun en otros en las regiones de menor desarrollo relativo. Sin embargo, para poderse encuadrar en el desarrollo sustentable y equitativo, la meta deberá ser ambiciosa, ya que la educación ha sido siempre una componente indispensable de los procesos de crecimiento económico y desarrollo cultural y político.

E.        Desarrollo cultural y sustentable.

El desarrollo de México debe pasar por un verdadero proceso de integración de la cultura y el desarrollo sustentable en que prevalezca el pluralismo cultural, las culturas originarias y populares al lado de los consensos sobre el devenir de la sociedad mexicana, la interacción entre lo local y lo regional y nacional, y entre la sociedad nacional y la sociedad global.

La cultura lo abarca todo, la política, la economía, la vida social, la educación, la ciencia y la tecnología, las creencias, las raíces del pensamiento. Comprende además tanto la realidad de la vida urbana con organización familiar orientada al consumo como la de las mayorías excluidas de la sociedad formalizada. No es un tema periférico sino central; se convierte en un espacio decisivo para los procesos de participación, integración y pluralismo, y ayuda a establecer vínculos entre instituciones y a plantear soluciones institucionales a la problemática del desarrollo. En el contexto del desarrollo sustentable destaca asimismo la necesidad de una cultura ambiental.

1.         Unidad, diversidad y pluralidad.

La cultura nacional se enfrenta hoy a una conjugación difícil de la unidad, la diversidad y la pluralidad. Deja de ser un conjunto uniforme y totalizante de símbolos, prácticas, comportamientos, recuerdos y visiones del futuro, para dar lugar a un nuevo rostro de imágenes múltiples. Ante los retos, prevalece una realidad multicultural, que podría ser obstáculo o recurso para el desarrollo sustentable. Se plantea si las culturas mexicanas están en conflicto entre ellas y si son congruentes con la sustentabilidad.

En los últimos 40 años se ha hecho presente en México la cultura de la imagen, portadora de una fragmentación narrativa que reorganiza identidades y escenarios. Esta información refuerza procesos de fragmentación social en que diversos agentes compiten por imponer universos de significación a los diferentes grupos sociales. Por ahora, los “comerciales” y los intereses que están detrás de ellos privan, insensiblemente, sobre las opciones de sello cultural.

2.         El desarrollo sustentable.

Frente al perfil de México en el futuro, en un contexto de desarrollo sustentable, debe admitirse que el terreno de los valores –que deben sustentar a la visión democrática- ha sido en buena parte abandonado, estando influido en forma inmoderada por grupos excluyentes de la diversidad y la pluralidad con prioridades centralizadas y casi absolutas que no admiten cuestionamientos.

3.         Los programas culturales del Estado.

Los programas que el Estado pueda desarrollar en apoyo de las manifestaciones culturales deberán verse como inversiones redituables en la promoción de la vinculación de lo nacional con lo globalizante, sobre todo por que las crisis económicas de los últimos años han debilitado los componentes populares de la sociedad civil en formación.

4.         La identidad nacional.

Con la globalización económica, la identidad nacional puede sufrir mutaciones como ya se habían experimentado en el siglo XIX y la primera mitad del presente, y podrá evolucionar a nuevos estadíos. Es preocupante de modo especial la forma imitativa en que las políticas económicas y financieras, y las que desempeña el sector empresarial, se aplican sin suficiente referencia al contexto y a las estructuras nacionales y locales. Las ideas venidas de fuera y de las esferas institucionales internacionales requieren valorase, filtrarse y adaptarse a la realidad nacional; no se trata de rechazar lo extraño sino de aprovecharlo inteligentemente para los objetivos propios y de desarrollar soluciones fincadas en experiencias propias.

A largo plazo, la identidad nacional, lejos de desaparecer, debiera tender a fundirse, con perfiles propios y específicos, en una cultura que será cada vez más compartida y tendrá aspectos universales a la vez que nacionales. Podrá incorporarse al acervo cultural mexicano lo que sea de valor universal y refutarse o rechazarse lo que denigre a la especie humana, en especial todo lo que signifique manifestaciones racistas o de superioridad de unas etnias sobre otras o de determinados grupos sociales.

5.         La revaloración del ser humano.

En México, como en otras partes, se requerirá la revaloración de la importancia de las personas. Será preciso también conformar de manera más precisa y equitativa el dominio de las comunidades locales sobre sus recursos, teniendo en cuenta tradiciones y a la vez innovaciones tecnológicas. El camino hacia un desarrollo sustentable y equitativo será sin duda largo, pero dependerá en mucho de lo que la propia sociedad civil sea capaz de hacer.

En suma, desarrollo cultural y desarrollo sustentable y equitativo habrán de conjugarse para lograr los objetivos a largo plazo que, en una nueva etapa de humanidad globalizante, la sociedad mexicana quiera para su propio bienestar[3].

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[1]       Sección Mexicana del Club de Roma, en: Revista Macroeconomía, México, año 6 Nº 62, Septiembre 15 de 1998, pp. 33-39

[2]       Grupo de Economistas y Asociados: en Revista Éste País, México, Nº 89, Agosto de 1998, pp. 14-15.

[3]       Sección Mexicana del Club de Roma, en: Revista Macroeconomía, México, año 6 Nº 62, Septiembre 15 de 1998, pp. 39-43

 

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Revisado: viernes, 12 de septiembre de 2014 12:32:37 a. m.